La implementación y actualización del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal no ha sido suficiente para atender las denuncias de las personas servidoras públicas víctimas de este tipo violencia.
Según el Cuarto Informe de Gobierno, al corte del 31 de octubre de 2022, en el marco del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la APE, se han atendido 88 quejas contra servidores públicos por hostigamiento y acoso sexual al interior de las dependencias estatales.
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De 88 quejas, 86 fueron calificadas como procedentes y solo nueve fueron concluidas, lo que representa 10. 5 por ciento del total de denuncias aceptadas.
¿Hay resultados de las denuncias por acoso?
Sin embargo, hasta el 19 de enero de 2023, no existen informes oficiales que detallen las resoluciones, o refieran las sanciones aplicadas a funcionarios o servidores públicos agresores, derivados de los procesos de investigación a cargo de la CGE, por conductas de hostigamiento y acoso sexual.
Las cifras con corte a septiembre de 2022, por parte de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la CGE, refería solo una destitución dentro del conjunto de expedientes generados por diversos procedimientos administrativos.
Asimismo, dentro del Cuarto Informe de Gobierno 2022, la Contraloría General del Estado (CGE) reportó que daban seguimiento a 78 casos de acoso y hostigamiento sexual en la APE, de los cuales 71 estaban en proceso de investigación por parte de los OIC (Órgano Interno de Control), 6 fueron concluidos y 1 en proceso de resolución.
Según datos recabados, a través de diversas solicitudes de transparencia, entre las dependencias estatales que han documentado casos de hostigamiento y acoso sexual se encuentran la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Educación (SEV).
La Segob, en su oficio número UTSEGOB/0286/2020, reportó dos casos de acoso y hostigamiento sexual padecidas por dos personas (una del servicio social y una analista administrativo), ejercidas por un director general de la secretaría estatal. Ambos casos fueron denunciados ante el órgano de control interno, durante 2019, aunque a la fecha se desconoce la sanción para el funcionario agresor.
En el informe SSP/UDT/1159/2020, la SSP documentó “10 posibles casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual registrados entre marzo de 2018 a septiembre de 2020, de los cuales 9 fueron turnados al Órgano Interno de Control, para su investigación y procedente sanción”. Entre las víctimas, cinco ocupaban el puesto de analista administrativo y cinco más se desempeñaban como policía.
Por su parte, la SEV registró, en 2019, diez casos de hostigamiento sexual, según el documento SEV/UG/186/2020.
El 8 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz publicó –en la Gaceta Oficial número extraordinario 098– el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal; posteriormente el 23 de marzo de 2020, se actualizó dicho protocolo.
Entre los objetivos del Protocolo se encuentra establecer el procedimiento que permita brindar la atención a la persona en calidad de afectada del hostigamiento sexual y/o acoso sexual, que propicie el acceso a la justicia.
Para el registro de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, el protocolo señala que “la Unidad de Género y el Órgano Interno de Control de cada Dependencia o Entidad de la APE, serán los encargados de concentrar las estadísticas de los casos que se atiendan.”
Detalla también que “una vez que cause ejecutoria la resolución emitida, la autoridad substanciadora o en su caso la resolutora, enviará un informe al Órgano Interno de Control, así como también se dará aviso a la Unidad de Género”; luego, se determinará las vías e instancias competentes que deben seguir las personas involucradas, donde se atienda, investigue y en su caso, sancione el hostigamiento sexual y/o acoso sexual.
Para la calificación y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Por hostigamiento sexual y/o el acoso sexual se entiende aquellos actos de solicitudes de favores sexuales, tocamientos ofensivos, conductas verbales, bromas, comentarios obscenos o sugestivos, materiales escritos de naturaleza sexual, fotografías, imágenes, así como cualquier otra de índole sexual ya sea escrita, verbal o física no mencionada.
¿Hay espacios libres de violencia en el país?
Actualmente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) impulsa la certificación de espacios libres de violencias de género en centros laborales públicos y privados del país.
Mediante la Certificación Espacio Libre de Violencia de Género (ELVG), el cual es un sistema de gestión que utiliza una metodología diseñada para que los centros de trabajo gubernamentales sean espacios libres de violencia de género, se busca medir y atender el acoso laboral, el acoso y hostigamiento sexual, la violencia de género, así como los comportamientos violentos por uso de sustancias, las faltas de respeto y tolerancia.
A la fecha, en el país se cuenta con 26 centros de trabajo pertenecientes a 11 entidades federativas que están en proceso de certificación, donde laboran más de 4 mil 700 personas.
Por parte del estado de Veracruz, son dos los centros de trabajos que buscan obtener la Certificación ELVG: la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como el Centro Estatal de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
En respuesta a la solicitud de transparencia 331001222000231, la Conavim refiere al Estado de México, con mayor número de centros de trabajo (ocho) que se encuentran en proceso de certificación como Espacios Libres de Violencia de Género.
Entre las acreedoras de estas precertificaciones se encuentran secretarías estatales, ayuntamientos, fiscalías estatales y especializadas, así como universidades y escuelas de formación en materia de seguridad, además de una empresa privada.
Asimismo, durante el año pasado, 28 centros de trabajo de seis entidades federativas (Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit) solicitaron participar en este proceso de certificación.
Previo a la precertificación, señala la Conavim, se realizó un diagnóstico en los centros de trabajo, cuyo resultado fue que 16 por ciento de las mujeres y 13.8 por ciento de los hombres han recibido gritos, insultos o humillaciones durante su trabajo; 12.2 por ciento de las mujeres y 3.4 por ciento de los hombres han sido acosados sexualmente y el 52.5 por ciento de las mujeres y 40.7 por ciento de los hombres han sufrido estrés laboral por conductas de sus compañeras o compañeros o por las condiciones en que se desempeñan sus labores.
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¿Cuáles son las ciudades con más casos de acoso?
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documentó entre julio y diciembre de 2022, que en ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, entre el 16.8 y 26.9 por ciento de la población de mujeres de 18 años y más, enfrentó alguna situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos.
En Xalapa, solo 10.7 por ciento de la población de hombres de 18 años y más (18 mil 824) sufrió acoso y/o violencia sexual, mientras que en el mismo periodo, el 26. 9 por ciento de las mujeres (44 mil 609) enfrentó algún tipo de violencia sexual.
Para el INEGI, una situación de violencia sexual se refiere a piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre el cuerpo; obligar o forzar a alguien usando la fuerza física, engaños o chantajes, a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, o en contra de su voluntad; ofrecer dinero u otro tipo de bienes a cambio de algún intercambio de tipo sexual.
También en este tipo de violencia se incluyen manosear, tocar partes íntimas con fines sexuales sin consentimiento; o enviar mensajes, fotos, publicaciones con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales a través del celular, correo electrónico o redes sociales.