La desaparición forzada de personas en Veracruz es un delito que recibe pocas sentencias, lo que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas y perpetúa la crisis de personas desaparecidas.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 2 de agosto de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha contabilizado un total de 2 mil 427 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Veracruz.
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De esta alarmante cifra, al menos 219 casos están directamente relacionados con delitos vinculados a la desaparición de personas, de los cuales 12 corresponden a desapariciones cometidas por particulares y 12 a desapariciones forzadas.
A la angustia de aquellos que esperan el regreso de sus seres queridos se añade la impunidad que rodea a los responsables de estos delitos relacionados con la desaparición de personas.
¿Cómo se aplica la justicia en juzgados estatales?
Un informe reciente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con fecha de 30 de junio de 2023, revela que entre 2016 y 2020, los juzgados estatales sólo han emitido nueve sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
Estas sentencias, con penas que oscilan entre dos a 60 años de prisión, provienen de los juzgados ubicados en Coatepec, Coatzacoalcos, Papantla, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa.
El desglose de las sentencias muestra que en 2016 se emitieron dos sentencias condenatorias; en 2018, se sumaron cuatro; en 2019, dos adicionales, y la última se emitió en 2020.
Asimismo, de acuerdo con el documento UTAIPPJE/1042/2023, el Poder Judicial del Estado de Veracruz señala que, hasta mayo de 2023, hay una persona procesada por delitos vinculados con la desaparición de personas, pero aún no ha sido sentenciada.
Es relevante recordar que desde el 21 de septiembre de 2018 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz.
La información relacionada con las denuncias, carpetas de investigación, fosas, es registrada, concentrada, almacenada y resguardada por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados con al Desaparición de personas, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
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¿Cómo es la crisis de desaparición de personas en México?
México atraviesa una grave crisis en cuanto a personas desaparecidas y una crisis forense. Desde el 1 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal se comprometió a transparentar toda la información relacionada con personas desaparecidas, fosas clandestinas, sitios clandestinos de inhumación, así como cuerpos localizados, identificados, y en su caso, entregados a sus familiares.
Según el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de enero de 2023, se han hallado 324 fosas clandestinas en Veracruz, ubicándolo en segundo lugar nacional, sólo detrás del estado de Tamaulipas.
Los datos indican que estas fosas clandestinas han sido localizadas en 47 municipios, destacando a Veracruz, con 152 fosas; Alvarado, con 53; Tres Valles, con 13; Ixtaczoquitlán, con 10; Tihuatlán, con 6; Atzacan, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, con cinco fosas cada uno; y Acayucan, Agua Dulce, Jáltipan, Perote y Río Blanco, con 4.
Con tres fosas clandestinas se encuentran los municipios de Minatitlán, Omealca, Pueblo Viejo, Tlapacoyan y Tuxpan; con dos fosas, los municipios de Emiliano Zapata, Ixhuatlancillo, Misantla, Papantla, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista y Sayula de Alemán.
Por último, con el registro de una fosa clandestina están los municipios de Catemaco, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Coatzintla, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Hueyapan de Ocampo, Ixmatlahuacan, Las Choapas, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Nogales, Paso del Macho, Soconusco, Tampico Alto, Tecolutla, Teocelo, Texistepec, Tatahuicapan de Juárez, Xalapa y Yanga.
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Cabe mencionar que, desde el 16 de enero de 2018, entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de noviembre de 2017.
Esta Ley, en su artículo 37, establece una pena de 15 a 20 años de prisión y de mil a 1500 días de multa para quienes oculten, desechen, incineren, sepulten, inhumen, desintegren o destruyan, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.
