En México, desde 2018 hasta julio de 2023, se han documentado 1,372 ataques, homicidios, atentados y amenazas dirigidas hacia personas involucradas en la esfera política y gubernamental, así como hacia instalaciones gubernamentales y partidos políticos. Veracruz encabeza la lista de estados con mayor incidencia de eventos relacionados con la violencia criminal-electoral, al acumular el 10.6 por ciento del total de agresiones.
De acuerdo con el monitoreo "Votar entre balas: Entendiendo la violencia criminal-electoral en México", elaborado por la organización Data Cívica, durante el periodo comprendido entre 2018 y julio de 2023, el estado de Veracruz, junto con Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, representa el 37.9 por ciento de los eventos violentos registrados a nivel nacional.
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¿Cuántas agresiones se han contabilizado de parte del crimen organizado?
Veracruz ha sufrido 146 ataques; Guanajuato, 138; Guerrero, 129; y Oaxaca, 106. A nivel nacional, en los primeros siete meses de 2023, se han contabilizado 337 agresiones por parte del crimen organizado dirigidas a individuos vinculados con la política o el servicio público, lo que supone un incremento del 46.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (230 incidentes violentos).
Además, el informe mensual señala que en julio de 2023 se reportaron 38 incidentes relacionados con la violencia criminal-electoral en el país, de los cuales el 84 por ciento afectó a hombres (32), mientras que cuatro casos involucraron a mujeres.
Los estados en los que tuvieron lugar estos eventos durante julio de 2023 incluyen Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Sonora, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Colima, Chihuahua, Morelos y el Estado de México.
La gran mayoría de los actos de violencia criminal-electoral de este año han tenido como objetivo a funcionarios públicos, especialmente aquellos en el ámbito de la seguridad, una tendencia que muestra un aumento constante.
“Votar Entre Balas” es un programa de vigilancia de la violencia criminal-electoral, la cual abarca agresiones que se sospecha están vinculadas con el crimen organizado (excluyendo, por ejemplo, conflictos entre partidos políticos) y que no solo se dirigen a candidatos, sino también a funcionarios y sus familias. Estas agresiones son consideradas relacionadas con sus responsabilidades laborales y con el potencial de influir en el panorama político.
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Análisis previos han identificado que la violencia contra candidatos y candidatas, así como sus colaboradores, tiende a aumentar principalmente durante las elecciones municipales, un escenario que se repetirá en 2024 en un proceso electoral que se perfila como el más grande de la historia y que está a punto de dar inicio formal en las próximas semanas.