/ jueves 9 de diciembre de 2021

Ciudades Judiciales eran innecesarias: presidenta del Poder Judicial

Eran innecesarias porque están ubicadas en donde no hay Juzgados

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, afirmó que al menos 11 de los 21 edificios que se construyen para albergar a las Ciudades Judiciales no tenían razón de ser.

En entrevista desde el Congreso local, indicó que algunas de las Ciudades Judiciales, que fueron iniciadas en el periodo del expresidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, eran innecesarias porque están ubicadas en donde no hay Juzgados.

Señaló que por ello solicitó al Congreso local revisar el convenio de concesión que se dio a la Desarrolladora CJI SAPI de CV, que subcontrato a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV.

Mencionó que se está a la espera de que el Congreso local otorgue una respuesta sobre la petición de revisar los convenios firmados como parte de las asociaciones público—privada (APP’s).

“Algunas están construidas o están como edificios en Ciudades Judiciales donde no hay Juzgados ya, como Pueblo Viejo, son varios lugares que no son precisamente las grandes ciudades. Son varias, son como 11 pero algunas ya están construidas”, dijo.

Al respecto, no descartó que en breve se pueda remitir un nuevo oficio para que desde el Poder Judicial se puedan revisar el convenio de las APP´s,

De acuerdo a los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firma de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos.

El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras será de 5 mil millones de pesos más IVA lo que incrementaría el monto hasta 5 mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada Ciudad Judicial, lo que suma más de mil 200 millones en las dos décadas y media.

El 2 de marzo de 2018 se lanzaron cuatro licitaciones públicas nacionales que se asignaron a las empresas Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Desarrolladora CJ II SAPI de CV; Desarrolladora CJ III SAPI de CV; y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV por montos que van desde mil 213 millones; mil 167 millones; mil 666 y mil 367 millones en mayo del 2018.

El monto de la construcción de las ciudades va desde 505 millones, 310 millones y 175 millones cada una. Las concesiones estarán vigentes hasta el año 2046 y 2047.

En total se deben pagar 4 mil 915 millones de pesos que se deben cubrir en un periodo de 25 años.

Por otra parte, la Magistrada reconoció que los 200 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) otorgó al Poder Judicial como aumento presupuestal serán utilizados para cubrir las prestaciones de fin de año.

De la misma forma, afirmó que se ha cesado a ocho jueces por actos de corrupción o, bien, porque no realizaban su trabajo de forma correcta.

Finalmente, reconoció que en abril del 2022 cumple 70 años, edad establecida para el retiro forzoso; sin embargo, serán los integrantes del Consejo de la Judicatura quienes determinen si permanece en el cargo o se le aplica la ley como a los magistrados que se han retirado al cumplir dicha edad.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, afirmó que al menos 11 de los 21 edificios que se construyen para albergar a las Ciudades Judiciales no tenían razón de ser.

En entrevista desde el Congreso local, indicó que algunas de las Ciudades Judiciales, que fueron iniciadas en el periodo del expresidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, eran innecesarias porque están ubicadas en donde no hay Juzgados.

Señaló que por ello solicitó al Congreso local revisar el convenio de concesión que se dio a la Desarrolladora CJI SAPI de CV, que subcontrato a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV.

Mencionó que se está a la espera de que el Congreso local otorgue una respuesta sobre la petición de revisar los convenios firmados como parte de las asociaciones público—privada (APP’s).

“Algunas están construidas o están como edificios en Ciudades Judiciales donde no hay Juzgados ya, como Pueblo Viejo, son varios lugares que no son precisamente las grandes ciudades. Son varias, son como 11 pero algunas ya están construidas”, dijo.

Al respecto, no descartó que en breve se pueda remitir un nuevo oficio para que desde el Poder Judicial se puedan revisar el convenio de las APP´s,

De acuerdo a los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firma de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos.

El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras será de 5 mil millones de pesos más IVA lo que incrementaría el monto hasta 5 mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada Ciudad Judicial, lo que suma más de mil 200 millones en las dos décadas y media.

El 2 de marzo de 2018 se lanzaron cuatro licitaciones públicas nacionales que se asignaron a las empresas Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Desarrolladora CJ II SAPI de CV; Desarrolladora CJ III SAPI de CV; y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV por montos que van desde mil 213 millones; mil 167 millones; mil 666 y mil 367 millones en mayo del 2018.

El monto de la construcción de las ciudades va desde 505 millones, 310 millones y 175 millones cada una. Las concesiones estarán vigentes hasta el año 2046 y 2047.

En total se deben pagar 4 mil 915 millones de pesos que se deben cubrir en un periodo de 25 años.

Por otra parte, la Magistrada reconoció que los 200 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) otorgó al Poder Judicial como aumento presupuestal serán utilizados para cubrir las prestaciones de fin de año.

De la misma forma, afirmó que se ha cesado a ocho jueces por actos de corrupción o, bien, porque no realizaban su trabajo de forma correcta.

Finalmente, reconoció que en abril del 2022 cumple 70 años, edad establecida para el retiro forzoso; sin embargo, serán los integrantes del Consejo de la Judicatura quienes determinen si permanece en el cargo o se le aplica la ley como a los magistrados que se han retirado al cumplir dicha edad.

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