Xalapa, Ver.- La asesora jurídica de propietarios y ciudadanos de Coatepec preocupados por la defensa del agua y del bosque Sierra Alta, Itzel Jurado Ortiz, denunció que tienen 18 meses esperando que la Fiscalía General del Estado (FGE) emita una determinación respecto a la invasión y daños ambientales por la invasión de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIAOC).
Recordó que desde 2017 algunos propietarios fueron invadidos por esa organización que llegó de manera violenta a sus tierras, lo que fue denunciado ante la Fiscalía en el distrito de Coatepec y por lo que se abrieron las carpetas de investigación correspondientes. Precisó que son cuatro denuncias las que están acumuladas.
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“Fueron interpuestas en julio de 2019 y hasta la fecha siguen en integración, yo solo me permití traer la mitad de las diligencias que se han desahogado por parte de la fiscalía; sin embargo, hasta la fecha la fiscalía no he emitido su determinación correspondiente”, dijo.
Agregó que además del despojo, se sabe que, ese grupo “delictivo” que está invadiendo las tierras presentaron una constancia falsificada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para iniciar un trámite de deslinde, por lo que también se interpuso una “barrera jurídica” a través de un juicio de amparo.
Expuso que todos sus representados han acreditado debidamente sus propiedades con sus instrumentos notariales debidamente registrados, revisados y cotejados por las autoridades y pese a ello, en un primer momento la delegación en Veracruz de la Sedatu, les negó el acceso al expediente de deslinde por lo que interpusieron el primer amparo que es el número 286/2020 radicado en el juzgado décimo quinto de distrito, mismo que está avanzando.
“El segundo amparo que interpusimos fue el 373/2020 radicado en el juzgado primero de distrito precisamente el acto de autoridad que se reclamó fue haber emitido un inconstitucional e inconvencional determinación de deslindar por parte de la Sedatu, razón por la cual el juzgado de distrito nos concedió una suspensión definitiva para que la Sedatu no pudiera de ninguna manera lesionar el medio ambiente ni el agua en la zona de las 2 mil hectáreas que están lastimadas”, abundó.
Esa suspensión definitiva, derivó en un recurso de queja de la Secretaría mismo que también está caminando.
Expuso que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos del orden federal que “hubieran cometidos los servidores públicos de la Sedatu” por las presuntas irregularidades en el procedimiento de deslinde y por los delitos ambientales que se hayan presentado.
