Boca del Río, Ver.- El Colegio Nacional de Abogados Penalistas presentará al Consejo de la Judicatura Federal un documento para que sean revisados de oficio más de 3 mil 500 expedientes de veracruzanos que se encuentran procesados en prisión y cuyos casos podrían tratarse de detenciones arbitrarias.
El vicepresidente de la agrupación, Tomás Mundo Arriasa, indica la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha demostrado ser una de las instituciones con peores resultados en materia de impartición de justicia.
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El especialista señala que estadísticamente la FGE es la tercera peor para investigar a nivel nacional, ya que tiene una eficiencia de 0.11 por ciento y su índice de casos impunes está por arriba del 95 por ciento.
Con dicho antecedente, Tomás Mundo afirma que el proyecto inocencia ha logrado demostrar que en las cárceles de Veracruz existen personas en prisión preventiva e incluso sentenciadas, que son inocentes.
Y es que el abogado explica que especialistas en diversos países han comprobado que al menos cinco pruebas periciales que son utilizadas en juicios en Veracruz y el país, han quedado obsoletas, tales como las huellas de zapatos y las marcas de mordidas, ya que se trata de elementos que fácilmente pueden ser duplicados o confundidos.
Por ello, agrega que una de las propuestas que impulsa el Proyecto Inocencia es la creación de un artículo en la Ley para que se revise por oficio los casos en los que se aplica la prisión preventiva o existen indicios de que se trata de detenciones arbitrarias.
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Tomas Mundo Arrisa se remite al caso de Texas, en donde la corte revisa todos los casos de personas en prisión por algún delito, en donde las pruebas periciales pudieron ser manipuladas o no están del todo claras.
¿Es necesario crear un fondo para la reparación del daño de personas encarceladas por alguna detención arbitraria?
En ese tenor, también se pedirá la creación de un fondo para la reparación del daño de personas encarceladas por alguna detención arbitraria, en caso de que esto sea comprobado.
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Tomás Mundo se remite a casos como el de Colombia y Estados Unidos; en el país sudamericano se destinaron 300 millones de dólares para la reparación del daño en casos en donde se ha demostrado la negligencia del estado por una detención injustificada.
Mientras que en Estados Unidos, se destinan 150 dólares por día a las personas que pasaron en la cárcel por una detención injustificada y demuestran que hubo negligencia de las autoridades.