En medio de la polémica el próximo 30 de noviembre magistrada Isabel Inés Romero Cruz concluye su periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, con lo cual también deberá retirarse por haber cumplido 70 años, edad máxima para ser magistrada.
Tras ello, en los primeros días del mes de diciembre el pleno del Tribunal deberá realizar una sesión pública en la que se seleccionará al magistrado o magistrada que estará al frente de este poder durante el periodo 2022-2025. Desde varios sectores se pide que al elegir al nuevo o nueva representante del Poder Judicial sea una persona que logre mejorar la impartición de justicia, las condiciones de los espacios del Poder Judicial y que se tengan las puertas abiertas.
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¿Cuál es la postura política de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz?
Romero Cruz ha sido una de las mujeres más criticadas desde que asumió la presidencia, debido al activismo político que ha manifestado a favor de Morena, con el gobernador Cuitláhuac García y con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; su intervención en temas políticos y los mensajes que ha dado a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
La magistrada llegó a la presidencia del Poder Judicial en sustitución de Sofía Martínez Huerta, quien el 23 de octubre de 2020 fue destituida del cargo como presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura por acuerdo de siete magistrados integrantes del Pleno.
Pese a que en abril pasado cumplió 70 años, edad máxima para permanecer en una magistratura conforme a lo establecido en la ley, Romero Cruz envío una solicitud al Congreso local en la que pidió una dispensa para poder concluir el cargo que le fue conferido.
En sesión extraordinaria, por mayoría de votos el pleno del Congreso local le concedió la dispensa al argumentar que al aplicársele el retiro se tendría que nombrar nuevamente a un presidente o presidenta, por lo que en un mismo periodo habría tres titulares y ello pondría en riesgo la estabilidad del Poder Judicial.
En los últimos tres años en el Poder Judicial se han registrado actos que se volvieron mediáticos. El primero de ellos fue la designación de 22 magistrados, debido a los procesos de nombramiento y remoción de presidentes.
Además, se hizo visible la falta de recursos por 500 millones de pesos en 2021 que obligó a la reducción de salarios y el retiro forzado de las magistradas Yolanda Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga, quienes fueron desalojadas de sus oficinas al cumplir 70 años. A las disputas internas del Poder Judicial se le deben sumar las denuncias que hiciera la entonces magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, sobre un presunto intento de control político desde el Poder Ejecutivo y Legislativo.
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¿De qué se le señala a la magistrada Inés Romero?
La magistrada presidenta ha sido señalada y criticada en varias ocasiones ante las declaraciones que ha hecho tanto a la prensa como en algunas ciudades judiciales o en eventos al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El 23 de octubre de 2020, en una sesión a puerta cerrada del Consejo de la Judicatura, siete magistrados votaron para remover del cargo a Sofía Martínez, quien asumió la presidencia del TSJE en diciembre del 2019, con lo que se eligió a Romero Cruz como presidenta del Poder Judicial. Tras ser nombrada presidenta, emitió un mensaje en el que señaló: “Acepto esta investidura, muchas gracias”.
En el mes de junio de 2021 la magistrada señaló que tenía un proyecto para hacer más eficientes los juzgados, además de que se aplicarían sanciones contra jueces corruptos, a los que cesaría. A la fecha se contabilizan 10.
En el mismo mes en redes sociales fue dado a conocer un audio en el que la magistrada reconoció que estaban pasando por problemas económicos, y que eso generaba que se “tronara” los dedos para pagar la nómina. Ella reportó un déficit de 500 millones, por lo que solicitó una ampliación presupuestal y se le concedieron 200 millones de pesos.
La presidenta ordenó el cierre de 29 juzgados del Poder Judicial del Estado por la falta de presupuesto
Además, se aplicó un plan de austeridad con el que se eliminaron beneficios personales a los magistrados y trabajadores de alto nivel. En septiembre de 2021 al ser cuestionada sobre la inhabilitación de Sofía Martínez Huerta, la presidenta se defendió diciendo que ella no era la responsable del juicio político que sacó del ámbito laboral a su antecesora, “todo me lo achacan a mí”, dijo.
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Este año se hizo público un video en el que la magistrada estalló contra “jueces inconscientes” que no apoyan para dar una “manita de gato” en los juzgados, donde hay maleza, sillas rotas, o no tienen ni una escoba para barrer.
La magistrada pidió que la actitud y emoción de los trabajadores judiciales cuando les pagan, cada quincena, la usaran para anunciar que iba a limpiar o pintar los juzgados.
“Todo, todo quieren que les hagamos. No hay dinero por Dios para poder estar poniendo el sapo al canijo baño. Si algo sale barato coopérense, coopérense, porque no podemos de verdad. Todo, todo (quieren), qué la escoba, ¿cuánto cuesta una escoba mujeres? 80 pesos. Y si hay 10 o 15 auxiliares ¿a cuánto nos toca?, ni a 10 pesos. No es posible que no podamos comprar una escoba, es demasiado ser inconsciente”, criticó.
El 11 de marzo del 2021 el Congreso local aumentó penas al delito de ultrajes a la autoridad, misma que fue invalidada en febrero del presente año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Previo a la declaración de invalidez del tipo penal, la magistrada se sumó a las voces que defendieron el delito argumentando que: “El tipo penal tenía por objetivo defender a los elementos de seguridad pública, ante la delincuencia común y organizada, es aberrante que se derogue, la policía se va a quedar desamparada totalmente".
Cuando se dio la salida de Sofía Martínez Huerta, se aseguró que la magistrada fue removida por no pagar a las empresas que tiene la concesión de la construcción de las ciudades judiciales. Incluso, se mencionó que el primer acto administrativo de Romero Cruz fue liberar los pagos a las constructoras.
No obstante, meses después pidió al Congreso de Veracruz revisar la concesión de las 20 ciudades judiciales, al considerar que algunas estaban mal planeadas. En reiteradas ocasiones la magistrada ha mencionado que ya prepara sus maletas para retirarse, tras haber servido por más de 50 años en el sector público.
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“Me siento con mucho orgullo, mucha satisfacción, me siento feliz, ya puedo decir que de haber concluido una carrera de casi 50 años dentro del Poder Judicial. Me siento muy feliz y muy contenta de haber servido a los veracruzanos, vamos a dejar todo en orden”, expresó.
¿Quiénes son los posibles candidatas y candidatos al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz?
Pese a que con anticipación no se puede hacer ninguna declaración o afirmación sobre la posibilidad de participar en el proceso de selección de la presidencia, a la fecha se mencionan los nombres de los magistrados Ailett García Cayetano, Esteban Martínez Vázquez y María Lilia Viveros Ramírez.
La magistrada Ailett García Cayetano es hermana de la actual Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Veracruz, Dorheny García Cayetano, y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández. Fue nombrada magistrada en junio del 2020 por el pleno del Congreso local, a propuesta del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
García Cayetano se desempeñó como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración y postuló para ser Fiscal Anticorrupción de Veracruz en mayo de 2020. Es especialista en Derechos Humanos, así como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y cuenta con estudios en Medidas Cautelares en el Sistema Penal Acusatorio.
El magistrado Esteban Martínez Vázquez fue uno de los principales impulsores del Plan de Austeridad que llevó a la reducción de prestaciones a más de una veintena de magistrados, luego de que se denunció un boquete financiero de 500 millones en el presupuesto del ejercicio 2021.
Martínez Vázquez se enfrascó en una guerra de declaraciones con la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien denunció corrupción en la administración y gasto del presupuesto público.
El magistrado llegó al cargo a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, en el primer paquete de 13 togados que se nombraron en 2019. En esa ocasión se abrió una convocatoria para los postulantes y se registraron más de 400 abogados.
Es abogado y cuenta con Maestría en Derecho Procesal del Centro de Estudios de Posgrados Xalapa; cursa el Doctorado en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, impartido por la Universidad de las Naciones de Veracruz.
En su trayectoria en el Poder Judicial del Estado inició como Oficial Administrativo Adscrito a la Cuarta y Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; por un tiempo laboró como secretario de Acuerdos en el juzgado de Cosamaloapan, Pánuco, Acayucan y Veracruz.
La magistrada María Lilia Viveros Ramírez recibió su nombramiento el 30 de junio del 2020 en lugar de Roberto Dorantes Moreno, que fue restituido en el cargo este año, luego de ganar varios amparos, y que hoy se desempeña como visitadora.
Viveros Ramírez es abogada de profesión, especialista en Derecho Administrativo, es Doctora en Derecho Público, Integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dio seguimiento a la Alerta de Género por Agravio Comparado, y es Consultora en Derechos Humanos y Género.
¿Cómo se elige la presidencia?
El Tribunal Superior de Justicia del Estado está conformado por 33 magistrados; sin embargo, únicamente el pleno, formado por los presidentes de las nueve salas, es el responsable de la selección del presidente o presidenta. Para la elección de la titular del Poder Judicial se cita a sesión pública y en esta se presentan los nombres de los magistrados propuestos para ocupar el cargo. Todos los integrantes del pleno tienen la oportunidad de presentar una propuesta.
Las propuestas son votadas por los integrantes del pleno, quienes escriben en un papel el nombre del magistrado de su elección y lo colocan en un recipiente transparente.
Los votos son contados por el magistrado que funja como secretario en la sesión y al dar a conocer los resultados se mencionará el nombre de quien será el representante de este poder.
Luego de un breve receso, el pleno toma protesta al nuevo presidente del Poder Judicial. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente será elegido por el Pleno cada tres años y tendrá la posibilidad de ser reelegido una sola vez.
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El presidente tendrá las atribuciones siguientes: representar legalmente al Tribunal y al Consejo de la Judicatura y asumir, para los efectos legales procedentes, la representación del Poder Judicial; velar en todo momento por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial y por la inviolabilidad de los recintos judiciales, para lo cual podrá solicitar, en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública; y designar como su representante para asuntos concretos a otro magistrado o servidor público del Poder Judicial.
Además, deberá celebrar convenios y contratos en la esfera de su competencia; presentar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en la tercera semana de noviembre de cada año, un informe por escrito de las actividades realizadas por el Tribunal que preside, sus organismos y los Juzgados; dar cuenta al Pleno de las demandas instauradas en contra de los servidores públicos; y acordar en materia penal la prórroga de jurisdicción, conjuntamente con los presidentes de las Salas Penales.
