/ lunes 29 de mayo de 2023

¿Cómo va el caso del centro de residuos de Amatlán?

Movimiento "No al basurero" se oponen a predio con residuos

Activistas que hace más de un mes iniciaron un movimiento en contra del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos y Urbanos que se pretende instalar en el municipio de Amatlán de los Reyes señalaron que el ayuntamiento de Córdoba confirmó que se adquirió el terreno para este fin, pese a que no se han aprobado los permisos correspondientes.

Indicaron que el pasado lunes 22 de mayo fueron llamados para participar en una reunión que se desarrolló en la Secretaría de Medio Ambiente en la ciudad de Veracruz; sin embargo, se había solicitado que el diálogo se generara en el municipio de Amatlán.

En dicha reunión participaron los titulares de la Sedema y de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, los alcaldes de Amatlán de los Reyes y Córdoba, la síndica de Córdoba y el Comité de Córdoba.

Como parte del diálogo los activistas e integrantes de las organizaciones en contra del proyecto reiteraron que no están de acuerdo en que el basurero se instale en el lugar que se prevé.

Esto, debido a la cercanía con la población, escuelas, la proximidad al pozo que abastece de agua potable a la cabecera municipal de Amatlán y la proximidad con el arroyo Quimiapa.

De la misma forma, mencionaron que la población no ha sido informada sobre el desarrollo del proyecto, de los permisos y requerimientos necesarios, lo cual es una violación a los derechos humanos, además de que no se tiene la certeza del funcionamiento del supuesto Centro de Transferencia.

Ante la inconformidad de los activistas, los titulares de las dependencias presentaron la propuesta con un video de lo que se supone es un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos y Urbanos, el cual, semanas antes ya lo habían presentado en una reunión en Pénjamo el día 28 de abril de 2023.

No obstante, se reconoció que la Secretaría de Medio Ambiente no ha emitido ningún permiso o autorización referente a la construcción u operación de un Centro de Transferencia en el ejido San Miguelito, las ubicaciones a donde está destinado el proyecto en la localidad de Tapia.

Desde la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente se afirmó que no se impondrá el desarrollo de este proyecto, por lo que al no haber un acuerdo en la reunión se propuso una próxima asamblea, la cual será convocada por ambas dependencias.

Al respecto, el alcalde de Amatlán, Luis Arturo Figueroa Vargas, sostuvo que a él no le han informado acerca de este Centro de Transferencia.

Mientras que el ayuntamiento de Córdoba sostuvo que se cuenta con el recurso para llevar a cabo el proyecto, por lo que ya se adquirió el predio a pesar de no estar autorizado en ese lugar su construcción.

Los activistas solicitaron a la administración municipal a establecer el diálogo con el movimiento “No al Basurero”, reiterando que la mejor vía para darle solución a esta situación es el diálogo, el respeto y la disposición de las autoridades para hacer su trabajo de manera ética e integra escuchando a quienes exigen el respeto a sus derechos humanos y de libertad de expresión.


Activistas que hace más de un mes iniciaron un movimiento en contra del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos y Urbanos que se pretende instalar en el municipio de Amatlán de los Reyes señalaron que el ayuntamiento de Córdoba confirmó que se adquirió el terreno para este fin, pese a que no se han aprobado los permisos correspondientes.

Indicaron que el pasado lunes 22 de mayo fueron llamados para participar en una reunión que se desarrolló en la Secretaría de Medio Ambiente en la ciudad de Veracruz; sin embargo, se había solicitado que el diálogo se generara en el municipio de Amatlán.

En dicha reunión participaron los titulares de la Sedema y de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, los alcaldes de Amatlán de los Reyes y Córdoba, la síndica de Córdoba y el Comité de Córdoba.

Como parte del diálogo los activistas e integrantes de las organizaciones en contra del proyecto reiteraron que no están de acuerdo en que el basurero se instale en el lugar que se prevé.

Esto, debido a la cercanía con la población, escuelas, la proximidad al pozo que abastece de agua potable a la cabecera municipal de Amatlán y la proximidad con el arroyo Quimiapa.

De la misma forma, mencionaron que la población no ha sido informada sobre el desarrollo del proyecto, de los permisos y requerimientos necesarios, lo cual es una violación a los derechos humanos, además de que no se tiene la certeza del funcionamiento del supuesto Centro de Transferencia.

Ante la inconformidad de los activistas, los titulares de las dependencias presentaron la propuesta con un video de lo que se supone es un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos y Urbanos, el cual, semanas antes ya lo habían presentado en una reunión en Pénjamo el día 28 de abril de 2023.

No obstante, se reconoció que la Secretaría de Medio Ambiente no ha emitido ningún permiso o autorización referente a la construcción u operación de un Centro de Transferencia en el ejido San Miguelito, las ubicaciones a donde está destinado el proyecto en la localidad de Tapia.

Desde la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente se afirmó que no se impondrá el desarrollo de este proyecto, por lo que al no haber un acuerdo en la reunión se propuso una próxima asamblea, la cual será convocada por ambas dependencias.

Al respecto, el alcalde de Amatlán, Luis Arturo Figueroa Vargas, sostuvo que a él no le han informado acerca de este Centro de Transferencia.

Mientras que el ayuntamiento de Córdoba sostuvo que se cuenta con el recurso para llevar a cabo el proyecto, por lo que ya se adquirió el predio a pesar de no estar autorizado en ese lugar su construcción.

Los activistas solicitaron a la administración municipal a establecer el diálogo con el movimiento “No al Basurero”, reiterando que la mejor vía para darle solución a esta situación es el diálogo, el respeto y la disposición de las autoridades para hacer su trabajo de manera ética e integra escuchando a quienes exigen el respeto a sus derechos humanos y de libertad de expresión.


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