Xalapa, Ver.- Con señalamientos de los legisladores de la posible desaparición de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se realizó la comparecencia de la titular de este organismo, Ana Laura Pérez Mendoza.
Durante la comparecencia los diputados del PRI, PAN y Morena coincidieron en la necesidad de desaparecer al organismo o bien, buscar que el presupuesto que se destina al mismo se integre a un Fideicomiso, a fin de resolver las necesidades de los comunicadores.
Las diputadas Érika Ayala del PRI, Ana Miriam Ferráez Centeno de Morena y Judith Pineda Andrade del PAN cuestionaron a Pérez Mendoza sobre el trabajo que ha realizado en favor de los periodistas del estado.
Las críticas comenzaron cuando la representante de la CEAPP presentó un resumen del trabajo que se ha generado y en su exposición aseguró que los comisionados tienen un salario bajo, además de que el presupuesto de 20 millones de pesos que se les ha otorgado en los dos últimos ejercicios fiscales ha sido corto.
Este hecho fue criticado por la diputada Érika Ayala Ríos, quien observó que el salario promedio de los trabajadores de los medios de comunicación es de 3 mil pesos quincenales, por lo que debería preocuparle eso y no cuánto obtienen como pago los comisionados de la CEAAP.
Entre la información que se le pidió a Pérez Mendoza que explicara en la comparecencia las supuestas irregularidades cometidas por el comisionado Pedro Díaz, pero, en su discurso, aseguró que no se le puede sancionar.
Además, aseveró que el Congreso local votó una Ley de medios que obliga a integrar un padrón, hecho que limitó a muchas empresas a obtener financiamiento público.
En la primera sesión de preguntas y respuestas el diputado Nahúm Álvarez Pellico le preguntó si la Comisión fue omisa en el caso de José Celestino Ruíz Vázquez, quien fue asesinado en el pasado mes de agosto.
Pérez Mendoza negó el acto al aseverar que la Comisión conoció las amenazas en contra del comunicador siete meses después de que éste presentó las denuncias, además de que estaba bajo el resguardo de la Fiscalía General.
Por lo que, al existir una carpeta de investigación abierta, marcada con el número UIPJ/DX/I/9/4656/2019 me encuentro imposibilitada para dar más detalles del caso y como pueden ver se ha cumplido casi un año que el periodista denunció estos hechos, y hasta el momento sigue sin resolverse
Indicó que ante la falta de resultados en la Fiscalía el comunicador que trabajaba en el municipio de Actopan, pidió la intervención de la Comisión.
“Fue primero a la Fiscalía, después a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, institución quien solicitó, el 27 de mayo del 2019, que la comisión brindará atención jurídica para el seguimiento de la carpeta de investigación, otorgando la misma desde el 10 de junio del 2019”, manifestó.
Aseguró que la CEAPP apoyó a la familia y se tomaron medidas “extraordinarias” de protección en su vivienda.
Tras ello, la diputada Érika Ayala le cuestionó si responsabilizaba a la Fiscalía General por lo ocurrido con el periodista; sin embargo, la representante de la Comisión se negó a responder el cuestionamiento.
Fue entonces que la legisladora consideró la posibilidad de desaparición del organismo.
A este posicionamiento se unió la diputada Judith Pineda Andrade, misma que solicitó conocer el estatus que guarda la Contraloría interna de la CEAPP, así como especificar las medidas de protección a periodistas y el seguimiento que se las ha otorgado desde su nombramiento como presidenta del organismo.
Además, le solicitó que de forma escrita se le haga llegar el número de denuncias interpuestas contra los comisionados ante la Contraloría interna, así como las medidas inmediatas tomadas ante las recientes amenazas contra el periodista Alex Cazarín García.