Luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso Local rechazara la Cuenta Pública 2021, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la auditora Delia González Cobos defendió el trabajo del ente fiscalizador al asegurar a los legisladores locales que su principal tarea ha sido legitimar el trabajo realizado en el ente.
Al comparecer ante los diputados locales manifestó que a través de la Fiscalización Superior se revisa que se rindan cuentas de manera transparente, responsable y oportuna, con el objetivo de disminuir los riesgos inherentes propios de la función fiscalizadora y con ello, ganar la confianza de la sociedad.
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“El principal reto ha sido legitimar la tarea fiscalizadora y demostrar a la sociedad que en el Orfis se actúa con integridad, imparcialidad, transparencia y bajo estrictos estándares de calidad, a partir de mi designación he trabajado para que la fiscalización superior en Veracruz se realice conforme a la legalidad, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales, en el órgano hemos generado una muestra sistematizada, objetiva, cuantificable, que contribuye a disminuir riesgos y optimiza el tiempo de la revisión”, expresó.
Recordó que en el mes de septiembre presentó el Informe de la Cuenta Pública 2021, misma que fue rechazada por el Congreso, por lo que ahora, trabaja en una nueva revisión.
“Es importante mencionar que esta institución trabajó de manera objetiva, íntegra e imparcial para determinar los resultados presentados el 30 de septiembre de 2022, el Orfis acata y cumple a cabalidad el mandato de realizar una nueva valoración en los términos precisados en el Decreto 242”, dijo.
¿Qué implicó la segunda revisión a la Cuenta Pública 2021?
Puntualizó que a partir de esta segunda revisión se atendieron las recomendaciones del Sistema de Gestión Antisoborno para evitar la duplicidad de operaciones en procesos claves, y se determinó que la muestra de auditoría fuera realizada por personal que no estaba directamente involucrado en la ejecución de las revisiones y que su aprobación fuera un trabajo colegiado.
Además, se han reunido con los encargados de la Comisión de Vigilancia, quienes en todo momento están al pendiente de lo que se lleva a cabo.
“En el Órgano hemos generado una muestra sistematizada, objetiva, cuantificable, que contribuye a disminuir riesgos y optimiza el tiempo de la revisión. Lo anterior, permite focalizar los procedimientos de auditoría para revisar aspectos específicos que representan un riesgo mayor en cada ente y, a través de estas auditorías, obtener mejores resultados”, expuso.
De la misma forma, comentó que respeto del derecho de audiencia por las inconsistencias detectadas se ha notificado a las y los servidores públicos responsables, para que, a su consideración, presenten la información o aclaraciones que les permita solventarlas.
“Adicionalmente, los resultados obtenidos se hacen públicos desde el momento en que son entregados a la Comisión de Vigilancia, lo cual fomenta la transparencia y propicia el involucramiento de la sociedad al tener elementos para evaluar no sólo a sus autoridades estatales o municipales, sino que también se somete a escrutinio nuestro trabajo”, manifestó.
Respecto de la emisión de una muestra sistematizada, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se obtuvo una efectividad del 80% en los datos específicos tomados y se espera que para la Cuenta Pública 2022, esa efectividad pueda alcanzar el 95%. Estos porcentajes representan el grado de certeza en la información a fiscalizar de los Entes, lo que conlleva a que no se omita la relacionada con el ejercicio del gasto.
Recordó que durante el ejercicio 2021 se efectuó el cambio de las administraciones municipales y el Orfis realizó la revisión y análisis de la información remitida al respecto durante los meses de mayo y junio.
El resultado fue detallado en el Informe Especial del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021 entregado a la Comisión Permanente de Vigilancia, en el cual se incluyen sugerencias, entre las que destacan la homologación de criterios en la normatividad y fechas establecidas, a fin de que los Dictámenes sean entregados al organismo de manera oportuna para contar con el tiempo necesario para su revisión y que se incluyan en la muestra de auditoría correspondiente.
Del mismo modo, se sugirió la actuación oportuna del Órgano Interno de Control de cada ente fiscalizable, a fin de realizar el adecuado seguimiento de las observaciones emitidas en los Dictámenes e iniciar los procedimientos de investigación y/o substanciación que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece o, en su caso, realizar las denuncias procedentes.
“El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz es una institución que a nivel nacional y estatal está a la vanguardia en aspectos administrativos, tecnológicos, legales, de ética e integridad, así como en materia de sistemas de calidad y de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos. Una sociedad sin leyes ni ética corre el peligro de degradarse y mal lograr la cohesión social, hoy se trabaja con apego a la Ley, y así, se restituye la funcionalidad perdida del estado y sus instituciones, por ello, se asume que el acto de autoridad debe ser un acto de honestidad y transparencia”, argumentó.