La evaluación de los elementos de la extinta Fuerza Civil, la regularización del servicio de grúas en el estado y el seguimiento legal al sistema estatal de videovigilancia son algunos de los temas que el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, entregará como pendientes a la nueva administración estatal que tomará posesión el próximo 1 de diciembre.
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXVII Legislatura del Estado, en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, Zúñiga Bonilla respaldó sus declaraciones con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El titular de la SSP subrayó que, según estos datos, Veracruz se posiciona como uno de los estados más seguros del país, ocupando el lugar 25 en incidencia delictiva total. Hasta septiembre de 2024, la entidad reportaba una tasa de 778.26 delitos por cada 100 mil habitantes, colocándola como la octava entidad más segura de México.
Zúñiga Bonilla atribuyó esta posición a estrategias preventivas, el uso de tecnología, labores de inteligencia y la profesionalización de las corporaciones policiales.
El funcionario contrastó la situación actual con la que prevalecía al inicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, hace seis años. Señaló que entonces las condiciones de seguridad estaban profundamente deterioradas debido al abandono de administraciones previas, que ignoraron o incluso toleraron la operación de grupos criminales, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y de diversos sectores sociales.
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Reducción de delitos y fortalecimiento policial
Zúñiga Bonilla destacó una reducción “histórica” en varios delitos entre 2018 y septiembre de 2024, incluyendo en materia de secuestro una disminución de 90.6%; en homicidios dolosos una reducción de 44.53%, feminicidios una baja de 54.47%; robo de vehículos un descenso de 47.22% (cifras hasta 2023).
Estos logros, afirmó, son resultado del rediseño de estrategias operativas, el incremento del estado de fuerza policial en 148% y mejoras sustanciales en armamento, equipamiento y capacitación.
Golpes al crimen organizado
Entre los resultados destacados, el titular de la SSP reportó la detención de 143 generadores de violencia, incluidos jefes y subjefes de plaza, sicarios y secuestradores.
Además, se aseguraron más de cuatro mil 700 armas, ocho millones de dosis de drogas y se inmovilizaron 21 mil 051 vehículos utilizados en actividades ilícitas, representando un golpe financiero al crimen organizado superior a los 899 millones de pesos.
En su informe de resultados 2023-2024, Zúñiga Bonilla resaltó los programas permanentes dirigidos a la población femenina, como Transporte Mujer Segura y la aplicación móvil Veracruz Mujer Alerta, diseñada para brindar apoyo inmediato a mujeres en situaciones de riesgo.
En el rubro de cultura vial, el secretario de Seguridad Pública informó una reducción de 66.5% en accidentes de tránsito, con 75.6% menos víctimas mortales y 45% menos lesionados.
Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó como uno de los logros más importantes el incremento en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad. Este avance se reflejó, según Zúñiga Bonilla, en el aumento de llamadas de apoyo y auxilio recibidas a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).
Durante los últimos seis años, se atendieron más de 18.5 millones de llamadas a la línea de emergencia 911, mientras que el número de denuncia anónima 089 registró más de 591 mil reportes.
Además, se brindaron más de 71 mil asesorías contra el engaño telefónico, lo que evitó que ciudadanos perdieran aproximadamente 71 millones de pesos.
La SSP implementó mil 576 “códigos rojos” con una efectividad de 74%, logrando aseguramientos y detenciones de presuntos delincuentes. Por su parte, la Policía Científica Preventiva brindó más de 30 mil asesorías.
“Podemos decir con enorme satisfacción: misión cumplida. Hemos demostrado que es posible garantizar la paz y tranquilidad en Veracruz”, aseguró el secretario estatal ante los legisladores.
“Ya lo pasé al que me va a relevar”: Zúñiga Bonilla
Durante la ronda de preguntas realizadas por legisladoras y legisladores locales, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, reiteró en varias ocasiones que los temas pendientes de su gestión al frente de la SSP serán transferidos al próximo titular, Alfonso Reyes Garcés, designado por la gobernadora electa Rocío Nahle García.
Entre los asuntos que Zúñiga Bonilla señaló como pendientes se encuentra la evaluación de los elementos policiales adscritos a la extinta Fuerza Civil. Según el funcionario, de los dos mil 244 agentes de la corporación, solo 43% ha sido evaluado.
Al respecto, declaró: “Estos datos se los voy a dejar a quien ocupe el cargo próximamente como secretario de Seguridad Pública para continuar con esta evaluación”.
Otro tema que será responsabilidad de la siguiente administración es la regulación del servicio de grúas. Al respecto, Zúñiga Bonilla indicó: “Ya lo pasé también al que me va a relevar; ya hay una iniciativa de proyecto de decreto con el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Tránsito y Transporte. Este proyecto fue presentado a la legislatura de este Honorable Congreso y ya está como antecedente, ustedes la pueden retomar”.
En cuanto a las denuncias por fraude en el sistema estatal de videovigilancia, el secretario explicó que el problema legal persiste, lo que ha impedido realizar nuevas inversiones en las cámaras. Sin embargo, señaló que algunos ayuntamientos han contribuido para reactivar parcialmente el sistema.
“No se puede invertir en las cámaras hasta que no quede totalmente resuelto el caso, pero con el apoyo de algunos ayuntamientos hemos logrado poner en marcha algunas de ellas”, apuntó.
Los cuestionamientos de la LXVII Legislatura del Estado
Durante su intervención en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, la diputada local por el distrito de Xalapa II, Dorheny García Cayetano (Morena), preguntó sobre las acciones implementadas en materia de prevención social del delito y el número actual de policías estatales.
Zúñiga Bonilla destacó que: “La inseguridad no sólo se atiende con policías, sino también va de la mano de la cultura de la prevención y de atender las causas que originan esta violencia”.
Respecto al número de elementos policiales, explicó que al inicio de la administración actual se contaba con cerca de tres mil elementos operativos, mientras que hoy en día la SSP dispone de más de seis mil 500 policías encargados de garantizar la seguridad en todo el estado.
El diputado local por el distrito de Acayucan, Urbano Bautista Martínez (PVEM), cuestionó el ejercicio de los recursos federales obtenidos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En respuesta, el secretario aseguró que Veracruz no ha registrado subejercicio de estos fondos, ejecutando 99% de los recursos disponibles. Informó que, durante el actual sexenio estatal, la entidad recibió dos mil 395 millones de pesos provenientes del FASP, lo que posiciona a Veracruz como la novena entidad con mayor captación de estos fondos federales.
Por su parte, la diputada local por el distrito de Zongolica, Dulce María Hernández Tepole (PT), indagó sobre el estatus de las denuncias por fraude al sistema estatal de videovigilancia.
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Zúñiga Bonilla explicó que el problema legal persiste debido a un fraude de aproximadamente mil millones de pesos. Recordó que se iniciaron diversos procesos legales contra la empresa Comtelsat, incluyendo cuatro denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas acciones también se dirigen a los servidores públicos que estuvieron en funciones entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2018.
Actualmente, el estado cuenta con mil 925 cámaras de videovigilancia distribuidas de la siguiente manera: 73 en Pánuco, 312 en Poza Rica, 853 en Xalapa, 229 en Boca del Río, 350 en Fortín y 118 en Cosoleacaque.
La diputada por el distrito de Boca del Río, Indira Rosales San Román (PAN), cuestionó sobre los hechos ocurridos el 20 de junio en Totalco, Perote, cuando dos personas fueron asesinadas por elementos de la extinta Fuerza Civil. Preguntó específicamente sobre el número de efectivos activos en ese momento y cuántos habían aprobado las evaluaciones de control y confianza tras la extinción de dicha corporación.
En respuesta, Zúñiga Bonilla calificó el incidente como un hecho “muy lamentable” y aseguró que la SSP ha colaborado con la FGR y la FGE en todos los requerimientos. Informó que cuatro elementos involucrados en el homicidio de dos personas durante la manifestación en Totalco están detenidos, aunque su situación jurídica aún no se ha definido.
Respecto al personal de la Fuerza Civil, el secretario detalló que, tras la extinción de la corporación, había dos mil 244 elementos, de los cuales sólo el 43% ha sido evaluado. Declaró que este tema será una tarea pendiente para el próximo titular de la SSP.
Finalmente, Zúñiga Bonilla explicó la disminución del estado de fuerza policial, que pasó de más de siete mil elementos en 2023 a seis mil 500 en 2024.
Argumentó que esta reducción responde a un proceso de recapacitación de los elementos, además de bajas voluntarias y sanciones aplicadas a algunos policías.
“Derivado de un análisis, identificamos deficiencias en el comportamiento de algunos elementos, por lo que preferimos recapacitar a todo el personal antes de seguir incrementando el estado de fuerza”, reveló.
En relación con las acusaciones públicas realizadas por una ex trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien señaló haber sido despedida por ocultar un supuesto desvío de 5 millones de pesos, el titular de la SSP, Zúñiga Bonilla, negó la existencia de dicho desvío y calificó el asunto como un caso meramente mediático.
El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, basándose en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuestionó sobre la presencia de 14 grupos criminales en la entidad y preguntó cuántos municipios están bajo su influencia.
En respuesta, Zúñiga Bonilla afirmó que no recibe instrucciones para trabajar o no con algún grupo delictivo y subrayó: “Al no pactar con grupos delictivos, podemos operar libremente, caiga quien caiga”.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, cuestionó las cifras oficiales sobre incidencia delictiva, especialmente en temas de protección a mujeres y periodistas.
Zúñiga Bonilla destacó que la SSP ha reforzado patrullajes preventivos en zonas de mayor riesgo, de acuerdo con diagnósticos estatales, y realiza mesas de trabajo mensuales para evaluar el protocolo de actuación policial en casos de violencia de género. En cuanto a los periodistas, señaló que se han implementado rondines en domicilios y centros de trabajo de quienes cuentan con medidas de protección.
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Durante la segunda ronda de preguntas al titular de la SSP, siete legisladores participaron, entre ellos Monserrat Ortega Ruiz (PAN), quien solicitó detalles sobre la estrategia para frenar la desaparición de mujeres en Veracruz, citando que, según el Observatorio Universitario de Violencias, hay 3,241 veracruzanas desaparecidas y no localizadas.
Respecto a la regulación de los servicios de grúas, Zúñiga Bonilla afirmó que este tema será responsabilidad del próximo titular de la SSP, indicando que ya se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Tránsito y Transporte a la legislatura pasada.
La diputada de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, se refirió a la violencia en Poza Rica, municipio que ha registrado eventos violentos. Al respecto, Zúñiga Bonilla reconoció que la disputa entre dos grupos delictivos en esa región ha derivado en homicidios, situación atendida mediante operativos conjuntos con Marina, Sedena y Guardia Nacional, lo que ha permitido detener a generadores de violencia. Agregó que se han extendido estas acciones a Álamo y Tuxpan.
En torno al caso Totalco, la diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar preguntó quién ordenó el uso de armas contra manifestantes campesinos y cuántas denuncias se han presentado al respecto. Zúñiga Bonilla reiteró que no hubo una orden de disparar, destacando que el operativo se originó por reportes al 911 relacionados con bloqueos carreteros. Asimismo, señaló que se han fortalecido las inspecciones a través de la Dirección General de Asuntos Internos para evitar abusos policiales.
La diputada del PT, Elízabeth Morales García, preguntó sobre protocolos de atención a la comunidad LGBT+. Zúñiga Bonilla mencionó que la SSP cuenta con el Protocolo de Actuación Policial para Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.
En materia de búsqueda de personas, la diputada Janix Liliana Castro Muñoz (PT) preguntó sobre las acciones implementadas por la SSP. El secretario respondió que la SSP ha participado en 534 diligencias, de las cuales 434 han sido en apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda en 80 municipios.
El diputado Miguel Pintos Guillén (Morena) abordó el tema de protección al sector empresarial en Coatzacoalcos, afectado por la delincuencia organizada. Zúñiga Bonilla aseguró que la situación ha mejorado significativamente, con una disminución en delitos como el secuestro.
Finalmente, el diputado Igor Fidel Rojí López (PVEM) cuestionó sobre las capacitaciones en derechos humanos para el personal operativo. Zúñiga Bonilla indicó que estas capacitaciones son parte de la formación policial y que han contribuido a una reducción de 45% en las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos.
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