En México, las estadísticas revelan una desoladora realidad: dos de cada tres personas LGBT desaparecidas son mujeres trans. Entre 2010 y 2022, las entidades federativas que registraron un mayor número de estas desapariciones fueron Jalisco, Veracruz, Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México, según los datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT).
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPN), consultado hasta el 6 de octubre de 2023, se observa que los estados más afectados por desapariciones de personas LGBTTTIQ son:
- Zacatecas, 6 casos de personas desaparecidas y no localizadas
- Veracruz y Jalisco, con 5 casos
- Ciudad de México y Puebla, 4 casos
- Sinaloa, con 3 casos
- Colima y Baja California Sur, con dos casos cada uno
Además, se registran un caso en cada uno de los siguientes estados: Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Nayarit, Estado de México, Guanajuato y Baja California.
El Informe de IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, profundiza en la gravedad de esta problemática. Se destaca que la desaparición de personas trans en México no solo constituye violencia de género, sino también violencia por prejuicio.
La persistencia de estereotipos, como asociar estas desapariciones con el consumo de drogas o vínculos con la delincuencia organizada, revela un profundo desconocimiento y estigmatización en la sociedad.
El reporte señala que la violencia contra las mujeres trans no se limita a su desaparición, sino que se manifiesta de manera brutal cuando son encontradas sin vida. Esta realidad refleja la profundidad de la violencia social, transfóbica e institucional que enfrentan las personas trans en México.
Los agresores en las desapariciones de personas trans
Según testimonios recopilados, los perpetradores de estas desapariciones varían, involucrando tanto a fuerzas armadas y cuerpos de seguridad pública como a agentes no estatales.
El informe revela que las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual o actividades vinculadas a la estética son particularmente vulnerables, enfrentando ataques de clientes y, en casos como el de Veracruz, de integrantes del crimen organizado que exigen pagos para permitirles trabajar en ciertas áreas.
Los victimarios de las desapariciones de personas trans, particularmente de mujeres trans, son integrantes de cárteles, quienes por no pagar el derecho de piso para poder ejercer el trabajo sexual “las levantan, pero no tiran sus cuerpos sino que los desaparecen, los torturan y otros cuerpos los entierran en fosas comunes, que son muchísimas”, refiere una defensora de Derechos Humanos de Veracruz.
La impunidad sistemática
Un aspecto crucial destacado en el informe es la sistemática impunidad que rodea estos casos. La falta de reconocimiento de la calidad de víctima a las personas trans y la insuficiencia institucional en los sistemas de seguridad y justicia contribuyen a altos niveles de impunidad en todo México, como revela el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2022.
El IGI 2022 destacó que los estados con mayor índice de impunidad son: Estado de México; Baja California; Veracruz; Puebla; Querétaro; Jalisco; Sinaloa; Aguascalientes; Chiapas y Michoacán.
A pesar de los esfuerzos de algunas Comisiones Estatales de Derechos Humanos, como la de Veracruz, que emitió la Recomendación 65/2020, la respuesta institucional ante las desapariciones de personas trans sigue siendo insuficiente. La falta de políticas claras para recopilar y clasificar información sobre estos casos es una muestra de la negligencia que persiste.
La organización IDHEAS destaca en su informe que, a pesar de que los Poderes Judiciales Locales cuentan con las funciones necesarias para sistematizar datos estadísticos relacionados con las sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, cuando la víctima ha sido identificada como personas transgénero, existe una carencia de políticas que regulen el registro de esta información.
Como ejemplo, se menciona el caso del Poder Judicial del Estado de Veracruz en relación con una solicitud de información sobre las sentencias condenatorias emitidas desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 20 de febrero de 2023, por los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, cuando la víctima ha sido identificada como personas transgénero, especificando si se trata de una mujer u hombre trans.
Frente a esta solicitud, la respuesta recibida indicó que “no existe una política que establezca la necesidad de recopilar y clasificar la información según el criterio solicitado por el solicitante”.
El informe señala que esta respuesta no solo evidencia una falta de desglose de información en lo que respecta a la identidad de género de las víctimas desaparecidas, sino también refleja una actitud altiva por parte de algunas autoridades.
Cabe recordar que en marzo de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió el Programa Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No obstante, según el informe de IDHEAS, persisten desafíos para mantener un registro adecuado de las víctimas, lo que podría resultar en “subregistros de personas LGBTTT+ desaparecidas o no localizadas”.
Esto se debe a que, en diferentes casos, la información de la persona desaparecida se registra con una identidad de género que no concuerda con su autorreconocimiento.
Las quejas en materia de desaparición de persona trans
El informe de IDHEAS destaca el papel de algunas comisiones locales de Derechos Humanos para abordar las desapariciones de personas trans, tal es el caso de la CEDH de Veracruz, quien emitió la Recomendación 65/2020 relativa a la omisión de investigar con la debida diligencia la desaparición de una persona perteneciente a la comunidad LGBTI por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Según los datos obtenidos para el informe, la CEDH de Veracruz ha recibido tres quejas por desaparición cometida por particulares donde la víctima se ha identificado como una “mujer trans”. La autoridad señalada como responsable en los tres casos ha sido la FGE y dos de las quejas se presentaron en 2018 y una en 2021.
Cabe resaltar que solo la Comisión del estado de Veracruz ha emitido una recomendación en materia de desaparición de una persona trans, la Recomendación 65/2020, por una desaparición ocurrida en octubre de 2012. En todo caso, frente a las quejas de los casos de desaparición cometida por particulares de los años 2018 y 2021 no hay información acerca de la emisión de alguna recomendación.
Las conclusiones y recomendaciones
El informe de IDHEAS concluye que las desapariciones de las personas LGBTTT+ en México ocurren en un contexto de violencia estructural y violencia por prejuicio alrededor de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Además, advierte la carencia de información sobre la búsqueda e investigación de las desapariciones de personas trans, aspecto que denota la violencia institucional predominante.
Se destaca la necesidad de garantizar que las autoridades de justicia implementen la debida diligencia, así como la actualización de registros nacionales y locales para reflejar la realidad de las personas desaparecidas, considerando aspectos como la identidad de género, orientación sexual y situación socioeconómica.
El informe representa un llamado a las autoridades nacionales y estatales acerca de la desaparición de personas trans, para que se les nombre, busque e identifique.