La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una propuesta de ley con la que se busca que las Secretarías de Seguridad Pública puedan realizar investigaciones y se apliquen acciones de innovación para proteger a la Nación.
En la propuesta, que fue recibida el pasado 1 de noviembre en la Cámara de Diputados, se propone la conformación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, a fin de recabar información relacionada con los "grupos criminales que operan en el país".
En la propuesta de ley, se indica que esta subsecretaría actuará en todo momento apegado a los Derechos Humanos y respetando ante todo a la ciudadanía.
La iniciativa propone la creación de este sistema para coordinar a la SSPC, FGR, fiscalías estatales y policías locales en la recopilación y análisis de información en seguridad pública.
Además, se pretende el fortalecimiento de la obtención de información en coordinación con la Fiscalía General de la República; así como dependencias estatales para investigar delitos.
Para la aplicación de esta coordinación se conformará el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
La ley, de acuerdo a lo planteado, otorgará facultades de investigación, similares a las actuaciones ministeriales de la FGR para que las evidencias recabadas por elementos de seguridad sean admisibles en procesos judiciales.
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Para fortalecer la seguridad, además, la Subsecretaría tendrá la función de coordinar acciones específicas para la vigilancia y protección de instalaciones consideradas estratégicas para el país.
También se podrá lograr la coordinación de las Secretarías de Seguridad estatales en los casos que sea necesario para hacer frente a la inseguridad de las entidades.
De la misma forma, se incluyen nuevas áreas dentro de la Subsecretaría enfocadas en la prevención del delito, abordando las causas subyacentes de la delincuencia mediante programas y políticas preventivas.
Entre las modificaciones se encuentran la reforma al Poder Judicial Federal y el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se busca mayor eficiencia en el frente contra la delincuencia organizada.
"El objetivo de esta iniciativa es que se lleve a México hacia un futuro más seguro y comprometido con los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos", señala la propuesta.
