Estudiantes de posgrado informan que el 24 de agosto, el número de especialidades, maestrías y doctorados de la Universidad Veracruzana que no cumplen con los nuevos requisitos para becas del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) subió de 63 a 75, de un total de 133.
En conferencia de prensa previa a marcha pacífica, señalan al Conahcyt de falta de transparencia y arbitrariedad en los procesos de evaluación a los posgrados.
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Denuncian que el Consejo no proporciona información clara ni oportuna sobre la nueva clasificación ni de los procesos de evaluación que debían seguir los posgrados, en momentos en los cuales hay quienes han renunciado a sus trabajos, han cambiado de domicilio, se han trasladado de un estado a otro, e incluso han venido del extranjero.
Anotan que no se concedió suficiente tiempo a los programas para adecuarse a las nuevas normas antes de que se llevara a cabo el recorte que afecta no solo a quienes cursarán posgrados con la categoría “no elegible” sino también a los demás.
Maribel Mantúfar, Lorenzo de Jesús y Gerardo Daniel mencionan que las inscripciones por semestre varían entre los seis mil y 14 mil pesos, y por desarrollar investigación, los requieren de tiempo completo.
Los tabuladores actuales del Conahcyt indican que por mes, en especialidad, reciben once mil pesos y por maestría, poco más de 12 mil pesos, con el fin de que su atención esté centrada en los estudios.
Estudiantes de nuevo ingreso ya pagaron sus inscripciones y algunos programas definitivamente no darán el apoyo, y en el caso de los que sí resultaron “elegibles”, solo un porcentaje recibirá becas.
De acuerdo con lo que saben, hay posgrados “elegibles” a los que solo les llegarán becas al 25 por ciento del total de estudiantes.
“La educación es un derecho, una herramienta fundamental para la movilidad social, y pieza clave para el desarrollo de las sociedades. La eliminación de estas becas amenaza la oportunidad de estudiantes talentosos pero económicamente desfavorecidos para acceder a la educación superior”, puntualizan.
Añaden también que este actuar cuestiona el compromiso de la sociedad con la equidad educativa y el acceso a oportunidades de calidad para todas las personas.
“Estamos en un momento crítico en el que debemos considerar el impacto a largo plazo de estas decisiones en la construcción de un México socialmente más justo”, apuntaron.
Denuncia
En la reunión con medios, dijeron que es alarmante que a los distintos programas se les exigió enviar su documentación de registro meses pasados, cuando las próximas evaluaciones a los programas de posgrado estaban programadas hasta el año 2025.
Además, la nueva ley que contiene los lineamientos de evaluación tampoco fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de manera previa, y fue aplicada de manera retroactiva.
Sostienen que el impacto de la eliminación abona aún más a la ya existente brecha social en el acceso a la educación superior.
“Si estas becas son suprimidas solamente una minoría privilegiada tendría la posibilidad de acceder a programas de posgrado de alta calidad. Esta medida acentuará aún más la distancia entre aquellos que exacerbando una desigualdad que ya es preocupante”, subrayaron.
Esquema de cuotas
Las personas afectadas también invitan a la UV a revalorar sus esfuerzos en posgrado, pues señalan que actualmente se manejan en un esquema de cuotas de recuperación: son autogestivos y dependen de sus propios ingresos para funcionar.
Indican que se necesita un nuevo enfoque que destine recursos a los posgrados y un análisis de la pertinencia social de sus programas, así como lo hace con las licenciaturas.
“Esto involucra que se diseñe un sistema de becas, apoyos, y otras acciones positivas para reducir las brechas sociales en el acceso a la educación de posgrado”, puntualizaron.
