Xalapa, Ver.- La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, reconoció que desde el Congreso del Estado se aprueban leyes sin considerar la viabilidad financiera para su aplicación.Indicó que ejemplo de ello son las Leyes de Transparencia, la Ley de Datos Personales y la Ley de Archivos, las cuales incluyen acciones distintas para las que se requieren recursos que algunos sujetos obligados no tienen.
“No (se calculó el impacto económico), de hecho nosotros presentamos acción de inconstitucionalidad sobre la primera Ley precisamente por eso”, expuso. Refirió que los Congresos locales tienen la obligación de hacer un análisis del impacto presupuestal que implica emitir una Ley, pero es una acción que no se aplica.
“No se hizo (el análisis) y entonces no se hicieron las asignaciones correspondientes, no sólo al IVAI, sino a los sujetos obligados, pasó con la Ley de Datos también, no se hizo una asignación del recurso y ahorita tenemos un año para armonizar nuestra Ley de Archivos con la Ley General de Archivos, esperemos que esta vez los Congresos de todos los estados hagan el impacto presupuestal de cuántos recursos necesitarían las dependencias para cumplir con las obligaciones”, dijo.
Señaló que el riesgo de la falta de recursos es que no se cumplan las obligaciones que las Leyes requieren, “si no hay recursos para tomar medidas para resguardar los datos ¿cómo se va a cumplir?, si no hay recursos para una adecuada gestión documental, pues será mu6y difícil que se cumpla”.
Aclaró que no se conoce el monto que se requiere para el cumplimiento de las acciones marcadas en las Leyes, debido a que cada sujeto obligado tiene capacidades institucionales distintas, “hay sujetos que su capacidad institucional por los recursos que reciben les permitirían cumplir con ella y hay sujetos que no lo pueden hacer, no podríamos decir que tiene que ser parejo para todos una asignación porque depende de las capacidades de cada institución.
”Recordó que desde que se aprobó la Ley de Transparencia, en el 2016, el IVAI señaló la falta de recursos que tendrían algunos sujetos obligados para cumplir con los requerimientos que en ella se establecen, hecho que no fue considerado por los legisladores locales.