El pleno del Congreso local dio entrada a las solicitudes de juicio político que fueron presentadas en contra del Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz; el Secretario de Gobierno (Segob), Eric Patrocinio Cisneros Burgos; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, y los exdiputados Zenyazen Escobar García, Guadalupe Osorno Maldonado y María del Rocío Pérez Pérez.
El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, fue quien turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales las denuncias y solicitudes de juicio político, mismas que fueron leídas durante la correspondencia.
La petición de juicio político contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, fue presentada por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, mismo que lo señaló de presuntas extorsiones y actos de tortura en su contra. La solicitud de juicio político contra el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, fue presentada el pasado 14 de diciembre por la legisladora panista María Josefina Gamboa Torales, quien acusó al servidor público se supuestas amenazas, violencia y vulneración a su derecho como integrante de la LXV Legislatura para expresar sus opiniones en tribuna.
La demanda de destitución del cargo en contra de TSJE, Edel Álvarez Peña, fue presentada por el presidente de la Asociación Civil Observatorio y Contraloría Ciudadana, Hilario Arenas Cerdán, mismo que indicó que el magistrado supuestamente instaló en diferentes cargos y con salarios elevados a familiares y amigos.
En tanto, las solicitudes de juicio político contra los exdiputados que ahora ocupan las titularidades de las Secretarías de Protección Civil, Medio Ambiente y de Educación de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, María del Rocío Pérez Pérez y Zenyazen Escobar García, respectivamente, fueron presentadas por el coordinador de la Bancada del PAN, Sergio Hernández Hernández.
El legislador panista se basó en los actos cometidos por los exdiputados, quienes el pasado 30 de octubre tomaron las instalaciones del Palacio Legislativo, lo que se consideraría una violación a la institucionalidad del Congreso Local.