El pleno de Congreso de Veracruz aprobó la minuta enviada por el Senado de la República con la cual se busca la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones de servicio público para las personas deudoras alimentarias o que hayan cometido algún tipo de violencia.
Por tratarse de una reforma constitucional esta medida debe obtener el aval de la mayoría de las Legislaturas estatales del país para completar su proceso legislativo. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete, refirió que con esta ley se lograrán cambios estructurales en la vida política del país.
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La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, indicó que los agresores culpables de delitos sexuales, los sentenciados por violencia familiar y quienes no pagan pensión alimenticia no podrán ser candidatos ni ocupar cargos de elección.
La legisladora de Morena, Perla Eufemia Romero Rodríguez, resaltó la importancia de evitar que agresores sexuales y deudores alimentarios ocupen cargos en el servicio público, pues con ello se logra un acto de justicia y congruencia con la causa de las mujeres y la igualdad de género.
Por su parte, la representante del PAN, Verónica Pulido Herrera, mencionó que se deben generar mayores acciones en la lucha contra todo tipo de violencia en Veracruz.
Mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, indicó que la aprobación de la minuta hace justicia a las mujeres que han sufrido violencia en diferentes ámbitos de sus vidas, tanto en sus centros de trabajo como en su vida familiar y pública.