Desde los Congresos estatales de Veracruz, Chiapas y Colima se rechazó el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organismo que criticó la premura con la que estas Cámaras locales aprobaron la reforma judicial.
Con un despegado, las presidencias de las Mesas Directivas de Veracruz, a cargo de Adriana Esther Martínez Sánchez, de Chiapas dirigada por Luis Ignacio Avendaño, y Colima, representada por Isamar Ramírez Rodríguez, se dirigió un mensaje directo a la Corte.
¿Qué dice el mensaje de los congresos estatales a la SCJN?
En el documento se señaló que los cambios constitucionales en materia de reforma del Poder Judicial, aprobados y promulgados el día 15 de septiembre de 2024 son un hecho e invariablemente se deben acatar.
"El proceso constitucional que se siguió para ello es legal y, además, apegado a la norma suprema, por lo que al haber concluido en todas sus fases constitucionales, es ley inatacable", se dijo.
En ese sentido, se indicó que contravenir a lo que estipula la Constitución Política sobre el Poder Judicial o quien se ostente con las atribuciones que la ley no concede, no solo viola la ley flagrantemente, sino que atenta contra la soberanía de los Congresos locales que sometieron a sus Plenos la aprobación de los artículos.
"Para las presidencias de las Mesas Directivas de los Congresos abajo firmantes, nos resulta inaudito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga en tela de juicio un procedimiento de reforma culminado en forma, tiempo y conceptualmente acorde al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, adicionalmente, conllevó la decisión soberana de más de una veintena de los Congresos de los estados integrantes de la Federación", se destacó.
Ante ello, consideraron que los ministros que han decidido cuestionar y pronunciarse sin atribuciones respecto a lo ya promulgado en materia del Poder Judicial Federal deben "recomponer su actitud".
Reconocieron que la Suprema Corte podría dirimir la constitucionalidad de las votaciones de los Congresos locales, pero, en este caso, no medió ningún acto al que se le pudiera tildar de inconstitucional.
"Los conminamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen tal como lo protestaron ante la nación", se señaló.
Asimismo, se les recordó a los ministros que en los actos del Poder Reformador no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General, así como tampoco a su ley orgánica.
"Hoy, cuando sus intereses son trastocados, han decidido sacrificar sus convicciones y su compromiso de impartir justicia legítimamente, abriendo puertas a revisiones y consultas injustificadas e ilegales, dejando precedentes nocivos en la historia del constitucionalismo mexicano y exhibiéndose no solo con la comunidad jurídica al interior del país, sino también en el extranjero", argumentaron.
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Finalmente, mencionaron que para los poderes legislativos locales es imperante defender al "Poder Reformador que tiene representación directa del pueblo soberano y en el que está representada toda la población, pues participan todas todos los legisladores del país".
"Externamos nuestra extrañeza por la actitud de estos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demandamos públicamente que todos los tribunales de justicia y la Suprema Corte asuman su papel constitucional enmarcado en la actual Ley Suprema tal como ésta lo estipula actualmente. La reforma constitucional al Poder Judicial es Ley Suprema, a cumplirla demande. ya que el pueblo se los demande", agrega el documento.
