Xalapa, Ver.- Rosita Martínez es reconocida como gobernadora y representante del Consejo Indígena de Veracruz por la Organización No Gubernamental (ONG) Ayabs por el periodo de 2020-2023 y considera encabezará una bandera importante para luchar contra la discriminación.
Los 13 pueblos que conforman el Consejo Indígena, entre totonacos, otomíes, mazatecos, chinantecos, mixes, zoques, nahuas, popolucas, tenek y huastecos en la entidad, más las regiones afromestizas en la entidad se encuentran reconocidos ante la ONG de Ayabs que tiene este nombramiento ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), explica.
Ella obtuvo el báculo de mando en una comunidad de Banderilla, evento al que asistió la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada; y la diputada federal de Morena, Dorheny García Cayetano hace unos días. Aunque en un cargo honorífico las acciones después de su nombramiento expresó que serán contra la discriminación, eje rector de la fundación Ayabs, para que sean reconocidos los pueblos originarios.
Hoy en 2020 los pueblos originarios sufrimos racismo; el término racismo conlleva una omisión, extinción, discriminación y marginación, en esos cuatro puntos los pueblos originarios en 2020 eso estamos sufriendo
Es contadora, estudió en la Universidad Veracruzana, y tiene 35 años, y se dedica a la exportación de los alimentos, en su labor por la lucha de pueblos originarios representa al Consejo Indígena del Estado de Veracruz y platica que ha encontrado a personas que han hecho más difícil ser representante de los pueblos indígenas, por lo que ha sufrido discriminación por raza, género y edad.
Es originaria de San Juan Volador, Pajapan, Veracruz, -en la zona sur del estado.
Asegura que cuentan con un interlocutor en el Congreso de la Unión que es el diputado Javier Manzano Salazar, quien es el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas. “Aquí en Veracruz no tenemos un representante, él es nuestro interlocutor, allá se encuentra nuestro expediente para que se nos reconozca y se haga valer nuestros derechos como sujetos de derecho público y de los hermanos afromexicanos”, explicó.
Menciona que en varias localidades en Yanga, Coyolillo, en Actopan y en otras de la Cuenca del Papaloapan existen comunidades afromexicanas, por lo que este reconocimiento es para que no sean omitidos, marginados o discriminados, porque se han violentado derechos humanos a los pueblos originarios como la libertad de expresión, participación pública, principalmente a las mujeres.
