Aurelio Olivares Hernández, ciudadano indígena náhuatl, promovió un amparo en contra de las 12 propuestas que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hace para el Tribunal Superior de Justicia.
El amparo fue promovido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mixta del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa por “violentar los derechos de los pueblos originarios al no incluir a un indígena” y fue radicado por los abogados Cristhian Rey Pérez Hernández y Samuel Antonio Hernández Hernández; el amparo fue admitido bajo el número de expediente 732/2018.
El miércoles de la semana pasada se promovió el amparo y este lunes fue radicado ante la negativa del gobernador de tomar en cuenta a los pueblos originarios, asentados y reconocidos del estado de Veracruz, al momento de elegir a los candidatos a magistrados.
“En los próximos días el juez federal determinará si existe violación a los derechos de los pueblos indígenas; de ser así, obligará al gobernador a tomar en cuenta mediante una consulta a los pueblos indígenas de Veracruz con la finalidad de incluir una propuesta originaria para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora, Miguel Ángel Yunes Linares no ha tomado en cuenta a los pueblos indígenas para cubrir una de las vacantes, vulnerando sus derechos al no ser considerados al momento de proponer a los futuros magistrados”, dijo.
El entrevistado refirió que es claro que el mandatario estatal no toma en cuenta a los pueblos indígenas y que ello se demuestra al no incluir a una sola propuesta de los pueblos indígenas para ocupar una magistratura aun cuando en los pueblos indígenas hay personas con mucha capacidad que cumplen con todos los requisitos.
Aurelio Olivares expresó que los magistrados son quienes deben impartir justicia en todo el estado y que por ello es muy importante que el gobernador considere a los sectores vulnerables de la población para que la ley se aplique también en valoración y con conocimiento de los usos, costumbres y tradiciones que los pueblos indígenas representan.
Reconoció que el artículo 59 de la Constitución política de Veracruz faculta al titular del Poder Ejecutivo a proponer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y que el Congreso del Estado debe nombrarlos, pero “debe hacerse una consulta ciudadana para designar a los mejores perfiles, lo cual no ocurrió para suplir las 12 magistraturas vacantes”.
