Pese a contar con amparos que les impiden ser sustituidos en el cargo o separados del mismo, los tres magistrados que buscan su regreso al Tribunal Superior de Justicia del Estado fueron sacados de la nómina, difundió la magistrada Concepción Flores Saviaga.
Se trata de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con amparos que el Consejo de la Judicatura federal les otorgó para evitar ser removidos del cargo por cumplir 70 años; así como la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado que tiene un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.
La magistrada Concepción Flores Saviaga, que ha buscado la restitución de sus homólogos, dio a conocer que los tres fueron notificados de haber sido sacados de la nómina del Poder Judicial, dado que en tanto no se resuelven los recursos a su favor no están realizando actividades relacionadas con el cargo que ostentaban.
Ellos se enteraron que ya los dieron de baja de nómina y eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Ya no aparecen en la nómina.
Indicó que, además, el pasado 21 de agosto se realizó una violación a la privacidad y derechos del magistrado Marco Antonio Lezama Moo, pues se intentó tomar la oficina que tenía asignada en la Primera Sala.
“El viernes pasado ingresaron a la sala del magistrado Lezama Moo, al margen de la ley violaron los derechos del magistrado porque, aunque se estén aplicando restricciones y acciones por la pandemia, los efectos del amparo que él tiene no se suspenden”, expuso.
Refirió que de la misma forma se pretendió realizar la toma de la oficina del magistrado Roberto Dorantes Romero en la Octava Sala; sin embargo, se pudo intervenir y evitar el hecho.
“Quisieron hacer un movimiento en la Octava Sala, pero no pudieron, querían sorprender al Secretario de Acuerdos, pero habíamos decretado un receso por el brote de contagios (de Covid-19), por lo que no les fue posible actuar”, manifestó.
Se debe puntualizar que a pesar de los movimientos y controversia que se ha generado al interior del Tribunal, en el portal oficial de este poder https://www.pjeveracruz.gob.mx/, no se han realizado las modificaciones de los nombres de los magistrados que integran las Salas.
En la Primera Sala sigue apareciendo como presidente el magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien, de acuerdo a las adscripciones que se habrían establecido en sesión del pleno el pasado 5 de agosto, sería suplido por la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
El nombre de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado continúa apareciendo en la Tercera Sala. Ella sería suplida por la magistrada Ailet García Cayetano.
Mientras que en la Octava Sala continúa como presidente el magistrado Roberto Dorantes Romero, quien sería suplido por la magistrada María Lilia Viveros Ramírez.
LAMENTABLE QUE RECURRAN A "ARGUCIAS" LEGALES: RÍOS URIBE
Al asegurar que siempre se ha actuado conforme a la ley, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, consideró como lamentable que magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado recurran a “argucias legales”, como un amparo, para evitar ser removidos del cargo, ya que es un hecho inconstitucional.
El legislador indicó que se tiene el precedente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la permanencia a un magistrado de Nayarit por cumplir 70 años de edad, motivo por el que confió que en el caso de Veracruz se va a ratificar que los magistrados que fueron retirados por haber cumplido dicha edad fue una acción bajo la ley.
Los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero fueron nombrados magistrados en el año 2015, por un periodo de 10 años; sin embargo, el Pleno del Congreso local los removió por cumplir haber cumplido 70 años, lo que los motivó a presentar amparos que la justicia federal les concedió y que el Legislativo recurrió.
Al respecto, Ríos Uribe aseveró ser respetuoso de la decisión de los magistrados, pero, dijo, que el Congreso no acatará la sentencia de reinstalarlos en tanto no exista un fallo definitivo.
Puedo decir con toda certeza jurídica que existe jurisprudencia en el sentido que para la revocación de magistrados de más de 70 años no procede el amparo.
Comentó que en el Legislativo se cuenta con el acta de nacimiento que confirma que ambos magistrados han cumplido 70 años.
“Es lamentable que mediante argucias jurídicas pretendan alargar los cargos si no reúnen los requisitos”, expresó.
En torno al tema del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo “N”, manifestó que él mismo fue quien acudió al Congreso local para presentar su renuncia que, posteriormente, ratificó, acción que tuvo validez legal para el Legislativo.
“Posteriormente él hace algunas acusaciones que deberá demostrar ante las instancias correspondientes, nosotros estábamos esperando que se resolvieran las resoluciones pendientes, tanto en los órganos electorales como en la Suprema Corte para que de manera definitiva se pudiera acatar si es a favor o en contra, pero con su detención, cambia la situación y se debe esperar que se resuelva el proceso penal para que pueda ejercer sus derechos políticos”, dijo.
