Desde el Congreso de Veracruz se busca la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios en el que se establezca que cualquier mujer u hombre que sea deudor moroso no pueda obtener su licencia, el INE, pasaporte, no participe en candidaturas o cargos de elección popular y tampoco pueda contraer matrimonio.
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete presentó dos iniciativas relacionadas con este tema, en la primera establece las restricciones para que cualquier persona que sea deudora alimentaria obtenga un documento oficial, y en la segunda con el objetivo de que se le impida participar por un cargo de elección popular u ocupe espacios en el área pública.
Ayer, por unanimidad de 84 votos el Pleno del Senado aprobó crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, mismo que hará públicos los nombres de los deudores morosos, establece que no podrán salir del país, sacar licencia de conducir o hacer trámites si deben pensión de sus hijos. La resolución se turnará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los senadores hicieron reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear así el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que presione a los tutores a cumplir con la pensión de sus hijos abandonados, esto, a partir de una deuda de 90 días.
¿En qué consiste el Registro Estatal de Deudores Alimentarios?
Ante ello, la legisladora recordó que presentó las iniciativas desde el año pasado, pero no han sido dictaminadas.
Sin embargo, confió en que a partir de la aprobación en el Senado de la República se pueda lograr la armonización federal con las leyes estatales.
“Esperamos que se logre armonizar la ley para que, además, no ser deudor alimentario sea un requisito para tramitar el INE, licencias de manejo, además de que sea un medio de prueba para que el Juez determine que existe un riesgo importante de que la salida del país de una persona sea utilizada como un medio de evasión de pago, a quienes quieran salir del país se les puede restringir el pasaporte hasta que cumplan con la sentencia”, dijo.
Mencionó que se busca generar un registro nacional de obligaciones alimentarias que concentrará la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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“Por fin se hace justicia para los niños, niñas, adolescentes y madres que han sido el pilar económico y afectivo de los hogares y de esta violencia que se perpetuaba y que se invisibilizaba al no poder hacer nada respecto a las pensiones alimenticias”, expuso.
Recordó que sólo dos de cada diez pensiones alimenticias se cumplen, “es un porcentaje alto, pero se debe tener presente el daño colateral que ocurre con ello porque los menores son abandonados, esto no quiere decir que sólo los hombres cometan estos actos, también las mujeres pueden estar en este registro, pero en el 99.6 por ciento de los casos de incumplimiento son hombres”.
Manifestó que se pretende cambiar el estereotipo de que las mujeres son responsables del cuidado de los hijos,
Puntualizó que una de sus propuestas se relaciona con la Ley 3 de 3 contra la Violencia en la que se determina que ningún deudor alimentario pueda ser servidor público y no sea representante popular, por lo que todos los partidos políticos deben garantizar el hecho de que no haya candidatos que se encuentren en estos Registros.
“En breve estaré haciendo los exhortos necesarios a las Comisiones pertinentes para que estas iniciativas se aprueben lo más pronto posible y podamos acuerpar y dotar de un marco jurídico de protección a los derechos de la niñez y de los adolescentes y las mujeres veracruzanas”, expresó.
Para que dicho registro se genere, explicó, se debe aplicar un trabajo interinstitucional en el que intervenga el Poder Judicial del Estado y se haga uso del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (Banesvim).
“Este Banco tiene la obligación de visibilizar la violencia, ahí se podrá concentrar la información, es ponerles nombre y apellido a los deudores alimentarios, el Poder Judicial tiene que estar conectado con la plataforma digital, pero también se tendría que considerar la Ley General del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia”, agregó.
