Veracruz, Ver.-El gobierno mexicano fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos por el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, su hijo Misael López y su esposa Agustina Solana, ocurridos el 29 de junio del 2011, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Los Pueblos de La Haya.
Marcela Turatti, jueza del tribunal que estuvo al frente del caso, detalla que se presentaron pruebas suficientes para determinar que las autoridades y organismos del gobierno mexicano actuaron de manera omisa, irresponsable y encubriendo el crimen del periodista y su familia.
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Del mismo modo, señala que dicho crimen fue uno de los primeros ataques cometidos en contra de periodistas y que desataron una ola de violencia en contra de comunicadores en todo el país que continúa hasta la fecha, en el que se cuentan 156 asesinatos entre el 2000 y el 2022.
La sentencia emitida en La Haya fue producto de tres audiencias, una de ellas celebrada en México, en donde se desahogaron pruebas y escucharon a testigos. La sentencia contempla una serie de recomendaciones que el Estado Mexicano debe cumplir para garantizar que este tipo de hecho no se repitan.
Sin embargo, se trata de una sentencia que no es vinculante ya que no es obligación del gobierno acatarla, aunque de su manejo dependerá la postura que asuma frente a este tipo de hechos y violaciones donde se exhibió impunidad, negligencia y corrupción de autoridades.
La sentencia incluye 20 recomendaciones, entre las que se incluye terminar con la impunidad y se cese con la complicidad y participación de los organismos gubernamentales, así como de autoridades públicas en el acoso, persecución y asesinato de periodistas.
“Que se emprendan acciones judiciales contra todas las personas que se sospeche que sean autores, y no sólo contra los sicarios, sino contra quienes ordenaron las agresiones y las redes políticas, económicas o criminales que las apoyaron”, indica la jueza que participó en el caso.
Otra de las recomendaciones ordena implementar medidas adecuadas para proteger a los periodistas y a las organizaciones de comunicación independientes de ataques contra la libertad de expresión; en el caso de existir futuros crímenes en contra de reporteros, que se construya la investigación a partir del desarrollo de su profesión.
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Como parte de las medidas de protección a periodistas, se recomienda que en los casos en los que sea necesaria la reubicación se garantice el acceso a una una vida digna y las condiciones para que sigan ejerciendo su oficio periodístico, para que esto deje de ser un método para silenciarlos.
Deben existir métodos de protección sólidos para periodistas amenazados, sus familiares, los testigos y las fuentes periodísticas
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