Durante los últimos seis años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ha registrado un total de 2 mil 214 carpetas de investigación por tortura. De estas, 1,857 (83.9 por ciento) siguen en trámite, reflejando una preocupante falta de progreso en la resolución de estos casos.
Según el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), no se ha emitido ninguna sentencia por tortura en este periodo, lo que pone en evidencia el incumplimiento en la sanción de este delito.
Desde el 15 de agosto de 2018, cuando la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura comenzó a operar, hasta el 14 de junio de 2024, se han iniciado 2 mil 214 investigaciones por tortura. La mayoría de estos casos (83.9 por ciento) siguen sin resolverse, subrayando el estancamiento en el sistema de justicia penal en Veracruz.
El Observatorio contra la Tortura señala que la cantidad de investigaciones abiertas por tortura puede reflejar tanto la magnitud del problema como el desempeño de las autoridades en la procuración de justicia. A nivel nacional, menos del 2 por ciento de las investigaciones por tortura llegan a judicializarse, lo que implica que los casos se acumulan en las fiscalías sin avance significativo.
El PJEV informó, en un reporte de transparencia del 25 de junio de 2024, que no hay sentencias emitidas por tortura en su sistema procesal penal. Esto significa que no existen condenas ni absoluciones, y por ende, no se puede proporcionar información sobre sentencias, penas impuestas o reparaciones del daño.
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Para el Observatorio contra la Tortura, la ausencia de sentencias es un claro indicador del incumplimiento en la obligación de sancionar este delito. Además, la tortura es un delito imprescriptible, lo que implica que las investigaciones deben mantenerse activas hasta que se judicialicen o se determine que no constituyen delito.
Las autoridades tienen la obligación de atender a las víctimas de tortura y reparar integralmente el daño causado. Esto es esencial para garantizar su acceso a la justicia.
La tortura en Veracruz según el Renadet
El Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), gestionado por la Fiscalía General de la República (FGR), posiciona a Veracruz como el segundo estado con más expedientes abiertos por tortura y el primero en número de víctimas a nivel nacional, desde el 1 de enero de 2018 hasta marzo de 2024.
En este periodo, a nivel nacional se han abierto 14 mil 736 expedientes, con un promedio anual de 2 mil 358. Los delitos ocurrieron principalmente en Ciudad de México (17.4 por ciento), Veracruz (14.9 por ciento), Estado de México (10.8 por ciento), Chihuahua (10.4 por ciento) y Quintana Roo (6.9 por ciento).
A nivel estatal, se han registrado 14 mil 393 expedientes por tortura y 343 por tratos crueles. En Ciudad de México, Veracruz y Estado de México se concentra el mayor número de casos de tortura, mientras que Quintana Roo, Colima y Baja California destacan en tratos crueles.
Las víctimas de tortura en México
Desde 2018, se han registrado 20 mil 815 víctimas de tortura o tratos crueles a nivel nacional, con un promedio de 650 víctimas por entidad federativa. Veracruz encabeza la lista con 17.7 por ciento de las víctimas, seguido por el Estado de México (12.2 por ciento), Ciudad de México (11.9 por ciento), Chihuahua (10.5 por ciento) y Quintana Roo (8.8 por ciento).
Del total de víctimas, el 82.9 por ciento son hombres y el 12.8 por ciento mujeres, con una proporción de 6.5 hombres por cada mujer víctima.
Las víctimas masculinas predominan en Veracruz, Estado de México y Chihuahua, mientras que las femeninas se concentran en Hidalgo, Veracruz y Estado de México.
Los presuntos responsables de tortura en México
Entre enero de 2018 y marzo de 2024, se han registrado 12 mil 961 presuntos responsables en expedientes de tortura o tratos crueles, con un promedio anual de 2,074. Veracruz, Estado de México y Chihuahua presentan el mayor número de presuntos responsables.
Las instituciones más implicadas incluyen la Policía Ministerial (10.11 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (8.56 por ciento), y la Policía Municipal (4.98 por ciento).
Los datos del Renadet son cruciales para entender la incidencia de la tortura y mejorar las estrategias de investigación y sanción de este delito.
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