El gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez deberá comprobar el uso y destino de 2 mil 696 millones 890 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2021, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este lunes, el organismo fiscalizador federal entregó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el tercer bloque de los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio fiscal 2021. El documento indica que al gobierno del Estado se le practicaron diversas auditorías, a través de las cuales resultaron 336 observaciones que inicialmente sumaban un monto de 2 mil 712 millones 896 pesos, de éste recurso, la administración estatal realizó el reintegro de 16 millones de pesos.
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Entre los rubros que el gobierno de Veracruz no pudo comprobar el destino de los recursos que se le enviaron se encuentran el Programa de Atención a la Salud con 7 millones 413.9; así como en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral con 77 millones 192.1 pesos.
Otro de los rubros observados fue el Saneamiento Financiero Gobierno del Estado de Veracruz cuyas observaciones superan los mil 226 millones 591.2 pesos.
Dentro del informe también aparece con observaciones también aparece el Poder Judicial del Estado de Veracruz que tiene pendientes por aclarar el uso y destino de 349 millones 117 mil pesos.
¿Cuáles son las observaciones detectadas en municipios?
En cuanto a participaciones federales los municipios con observaciones son: Agua Dulce que deberá comprobar 111 millones 326 mil pesos; Alvarado con 1 millón de pesos; Camarón de Tejeda con 174 mil pesos; Camerino Z. Mendoza con 3 millones 364 mil pesos; Catemaco con 270 mil pesos; Cazones de Herrera con 33 millones 369 mil peso; y Cosamaloapan 66 millones 881 mil pesos.
De la misma forma aparecen: Emiliano Zapata con 45 millones 436 mil pesos; Fortín con 1 millón 065 mil pesos; Huatusco con 4 millones 005 mil pesos; Isla con 47 millones 201 mil pesos; Ixtaczoquitlán 163 millones 992 mil pesos; Jamapa 15 millones 739 mil pesos; Lerdo de Tejada 28 millones 861 mil pesos; Medellín de Bravo 37 millones 729 mil pesos; Minatitlán 257 millones 093 mil pesos; Nanchital 3 millones 306 mil pesos; Orizaba 986 mil pesos; y Pánuco 56 millones 463 mil pesos.
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En la lista también se incluye a Papantla con 6 millones 870 mil pesos; Poza Rica con 19 millones 645 mil pesos; Río Blanco 66 millones 283 mil pesos; San Andrés Tuxtla 1 millón 265 mil pesos; Santiago Tuxtla 177 mil pesos; Tamiahua 9 millones 107 mil peso; Teocelo 288 mil pesos; Tepetzintla 1 millón 214 mil pesos; Tezonapa 166 mil pesos; Tlacotalpan 33 millones 669 mil pesos; Tuxpan 18 millones 652 mil pesos; Xalapa 620 mil pesos; y Zongolica 345 mil pesos.
Veracruz otorgó 90% de contratos por adjudicación directa
Durante el 2022 el gobierno del Estado otorgó al menos el 90 por ciento de sus contratos de productos y servicios por medio de la adjudicación directa, de acuerdo a la información presentada por la Contraloría General del Estado (CGE). De los 41 mil 962 contratos de productos y servicios que se entregaron el año pasado, 41 mil 258 se entregaron por esta vía.
En la pasada comparecencia ante el Congreso Local, se le pidió a la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, responder sobre la forma en que se entregaron los contratos a empresas en Veracruz.
Ante ello, se respondió que por Licitación Pública Internacional se entregaron 2 contratos; por Licitación Pública Nacional 39; por Licitación Públicas Estatales 9; por Licitación Simplificada 527; y prórrogas y Adenda 127.
Por el método de Adjudicación directa se entregaron: 86 derivadas de procesos licitatorios y/o partidas desiertas, 299 por excepción a la Ley, y 40 mil 873 por monto.
En el 2021, la propia Contraloría reveló que en la modalidad de contratación 23 fueron licitaciones públicas nacionales, 4 licitaciones públicas estatales y 164 fueron licitaciones públicas simplificadas, mientras que 19 mil 400 fueron adjudicaciones directas.
De acuerdo a la Ley se define como adjudicación directa a un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad.
Las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, pero solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican.