En los últimos cuatro años, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha costado más de 203 millones de pesos; sin embargo, su operación y resultados han sido deficientes. Durante 2022, el organismo adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó mil 113 investigaciones iniciadas por casos de corrupción, sólo 1 por ciento de éstas fueron judicializadas.
La segunda edición del reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, realizado por la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que, en Veracruz, hay un trabajo deficiente por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la persecución criminal de los delitos de corrupción.
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De acuerdo con la evaluación, el nivel de cumplimiento en el marco jurídico, por parte de la Fiscalía Anticorrupción (FA) en Veracruz, ha sido deficiente, al carecer de un reglamento interno de protocolos de investigación, audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas, operaciones encubiertas y sobre corrupción al interior de la institución.
Aunque en materia presupuestal, la Fiscalía Especializada ha recibido un total de 203 millones 547 mil 958 millones de pesos para su operación, desde 2019 a la fecha, el informe revela una reducción financiera drástica para la autoridad encargada de investigar y sancionar los actos de corrupción.
Entre 2019 y 2022, el presupuesto asignado para la Fiscalía Anticorrupción (FA) se redujo hasta en 94 ciento, al pasar de 93 millones 192 mil 456 pesos a 5 millones 581 mil 282 pesos para este año.
Asimismo, entre 2020 y 2022, las condiciones de la FA de Veracruz han empeorado, al no contar con los recursos óptimos, la normatividad o el personal adecuado.
En el eje de capital humano, que tiene como objetivo identificar la cantidad y calidad de los servidores públicos asignados a las labores de la Fiscalía, se reporta que en Veracruz, la capacitación y el nivel de escolaridad del personal es deficiente.
¿Qué nivel de especialización tiene el personal de la fiscalía?
Por ejemplo, los peritos no cuentan con nivel licenciatura, no recibieron capacitación, tampoco los oficiales ministeriales han sido capacitados, los ministerios públicos no tienen licenciatura y no se registran investigaciones contra el personal.
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En materia de procesos para el inicio y desarrollo de las investigaciones, entre otros aspectos, el trabajo de la Fiscalía veracruzana fue calificado como regular, debido a que no cuenta con esquema organizacional de trabajo, no contempla el carácter de víctima a la ciudadanía, tampoco lleva registros de la investigación y carece de una plataforma informativa. Al respecto, el reporte destaca que es importante que en los estados donde los ciudadanos presenten denuncias por casos de corrupción, la Fiscalía les reconozca y otorgue carácter de víctima.
“Estos criterios resultan de vital relevancia, ya que en un futuro permitirán una participación más activa de la sociedad civil en la vigilancia de la investigación de estos delitos, lo que impactará en la percepción de impunidad que existe en el país”, apunta.
Durante 2022, la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz registró mil 113 investigaciones iniciadas por casos de corrupción, de las cuales seis fueron judicializadas; aunque a la fecha no se han determinado sentencias condenatorias. El estudio detalla que el porcentaje de investigaciones judicializadas por investigaciones iniciadas en la entidad veracruzana apenas alcanza el 1 por ciento. Mientras que de seis investigaciones judicializadas, cuatro han sido vinculadas a proceso, lo que representa un 67 por ciento.
¿Por qué no operan de forma correcta las fiscalías anticorrupción?
A pesar de que los gobiernos federal y locales han abanderado el combate a la corrupción como una de sus principales acciones, los resultados de las Fiscalías Anticorrupción son preocupantes y desalentadores, señalan las organizaciones.
Las Fiscalías Anticorrupción carecen de autonomía operativa y de gestión y dependen directamente de las voluntades y deseos de los fiscales generales y/o gobernadores. Estas instituciones se han convertido en instituciones para cobrar venganzas.
En el estudio se identificó que en algunos casos no existe autonomía en la gestión y operación: no existen los incentivos necesarios para que puedan realizarse las investigaciones pertinentes.
Uno de los aspectos más destacados es que persiste la falta de normatividad básica para la operación de estas instituciones; la mayoría dependen de lo que hagan –o no– las Fiscalías Estatales; se conciben, hasta cierto punto (en algunos casos mucho más evidente que otros) como un área dentro de la fiscalía general y no como una institución independiente y autónoma.
La investigación concluye, por segunda ocasión, que el panorama nacional no es alentador, pues la mayoría de las FA no cumplen con los requisitos mínimos para su operación.
