Además de que el Estado tiene una deuda “tremenda” en materia de desaparecidos, existe tolerancia de las autoridades para que los crímenes de lesa humanidad se sigan registrando en Veracruz, consideró Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Como activista y acompañante de las familias integrantes de Colectivos de Búsqueda, señaló que las autoridades argumentan que se está trabajando y haciendo “más” en el tema de desapariciones en la entidad; sin embargo, siguen registrándose casos todos los días.
“Se ha hecho más porque les toca, todo lo que dicen las autoridades nacionales y estatales debe evaluarse, si se hace mucho, pero ello no tiene un verificado aprobado por las familias, entonces no se está trabajando sobre resultados, sino sobre determinadas acciones que llaman la atención, la realidad es que en el país siguen desapareciendo las personas, van a seguir trabajando porque no hay prevención, no hay sanciones a los delitos de desaparición, sobre todo si participan elementos del Estado”, dijo.
Recordó que en Veracruz la primera Brigada Nacional de Búsqueda fue en 2016 y las fosas son localizadas por las familias no por las autoridades.
“Si lo quieren poner como un logro es porque ahora no están matando a las familias cuando están buscando las fosas. Sí se ha hecho más, se ha hecho más oficial, se documenta, pero parece que no va conforme a resultados”, expresó.
Destacó que el hecho de aplicar una detención no significa que se tenga justicia porque las personas siguen en calidad de desaparecidas, además de que en algunos casos, como los registrados en 2018 cuando se detuvo a altos mandos y mandos medios de la SSP que, tras estar en prisión preventiva, salieron en libertad para llevar sus procesos.
“Es una parte que debe ser cuidada, protegida y garantizada para las víctimas, estamos hablando de que las familias probablemente estén a expensas de los perpetradores, pero también es importante señalar la responsabilidad de las autoridades y la Fiscalía, Veracruz sigue con una deuda tremenda en el caso de desaparecidos, recientemente se ha señalado el ordenamiento de los panteones e identificación de los restos y es algo que sigue en espera y parece no tener una fecha de inicio para trabajarse”, comentó.
Sobre el caso de los cinco jóvenes desparecidos en el 26 de noviembre de 2013 entre Xalapa y Actopan, refirió que durante cuatro años no se realizó un solo acto de investigación que indicara que las familias estaban diciendo la verdad.
“Fueron cuatro años en los que no fueron escuchadas, donde no se invirtió mayor esfuerzo en la investigación del delito y en donde podemos observar la dinámica que se seguía por parte del gobierno del Estado que era encubrir a los responsables porque hay procesos abiertos por el tema y hoy con un poco de voluntad política y participación de las familias que no quitaron el dedo del renglón porque era un caso de desaparición forzada se obtuvo un resultado mínimo”, expuso.
Ante ello, pidió a las autoridades que este no sea un caso de excepción, ya que en Veracruz se sigue arrastrando la impunidad que dejaron gobiernos anteriores.
“Hay una tolerancia del propio gobierno del Estado en que estos crímenes de lesa humanidad sigan ocurriendo y con pocas sentencias que puedan hablar de una voluntad y de una verdadera posibilidad de investigar los delitos”, manifestó.
Consideró como grave que los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estén involucrados en los casos de desapariciones, pero también que las autoridades no presten atención y pongan en duda las declaraciones de las familias cuando señalan a los policías que participan en actos de este tipo.
“Es gravísimo, pero también es lo que los colectivos están demandando, primero que les crean, si alguien viene y dice: a mi familiar se lo llevó un policía, y casi durante ocho o nueve años está en prueba el dicho de las víctimas es muy grave y lo otro, es que nos han pedido que ayudemos a limpiar las corporaciones, pero no sabemos qué es lo que pasa dentro de estas para que elementos que cometieron delitos tan graves sigan en activo”, agregó.