Xalapa, Ver.- Por mayoría de votos, cinco de ocho, la magistrada Sofía Martínez Huerta se convirtió en la primera mujer que es designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupará durante el periodo 2019-2022.
La elección se realizó en una sesión en la que participó sólo el denominado mini pleno, conformado por ocho magistrados titulares de las salas del Tribunal, cinco de los cuales dieron su voto de confianza a quien fuera nombrada como magistrada en octubre pasado por el Congreso local al formar parte de las 13 propuestas enviadas por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, mismas que fueron avaladas por los diputados locales.
Tres de los integrantes del pleno le dieron su voto a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien por tercera vez se propuso para la titularidad de este organismo de justicia.
Fue el magistrado Marco Antonio Lezama Moo quien propuso a Sofía Martínez Huerta para la presidencia del Tribunal.
El pleno dio a conocer la intención de los magistrados Concepción Flores Saviaga y Raúl Pimentel Murrieta de participar en el proceso, quienes debían ser propuestos por alguno de los ochos integrantes porque ellos no forman parte del mismo; sin embargo, ninguno optó por esta opción.
La votación se realizó por medio de tarjetas, por lo que, aunque se trató de una sesión abierta, no se pudo conocer la forma en que votó cada uno de los ocho integrantes del pleno.
La designación de Sofía Martínez Huerta provocó un desencuentro con Castañeda Palmeros, misma que le señaló que no contaba con la experiencia para asumir el cargo e incluso que no la conocía.
Además, Castañeda Palmeros manifestó que el proceso se realizó por "dedazo" y que posiblemente se habría dado dinero a los integrantes del pleno para votar a su favor.
Sofía Martínez Huerta fue secretaria de Juzgado, jueza municipal de primera instancia y en las últimas tres administraciones se desempeñó como secretaria de la Sala Civil.
Formó parte de los 15 jueces que fueron obligados a jubilarse tras la reforma a la Ley en la que se estableció que dichos servidores públicos deben retirarse al cumplir los 65 años de edad o haber cubierto un periodo de diez años en el cargo.
A Martínez Huerta se le señala por presuntamente tener relación directa con el mandatario estatal, por lo que su nombramiento causó inconformidad en los sectores de impartición de justicia.
En su discurso, aseveró estar plenamente consciente de la responsabilidad que asumió porque por primera vez una mujer desempeñará el cargo de presidenta del Tribunal.
“En el aspecto jurisdiccional, con la colaboración y apoyo de todos ustedes velaremos y exigiremos que no sólo se administre justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita, sino que se haga de forma oportuna, eficiente, eficaz y honesta, y en esta tarea jugará un papel destacado la Escuela Judicial, ya que es imprescindible la capacitación permanente en todos los grados”, dijo.
Ajustaremos nuestros actos a la legalidad y sin permitir, jamás, la actuación arbitraria de quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado, por ser los principales obligados a ceñir nuestro actuar a la Ley y comportarnos de manera honesta en todos los actos de nuestra vida