Xalapa, Ver.- En un hecho sin precedentes, por unanimidad el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado destituyó a la magistrada Sofía Martínez Huerta y la inhabilitó por cinco años de la función pública.
Pese a que la magistrada fue la primera mujer en llegar a la presidencia del Poder Judicial, dejó de contar con el apoyo del Ejecutivo, ya que, presuntamente, estuvo en contra con algunos de los ideales de Morena, por lo que los ocho magistrados integrantes del pleno decidieron destituirla del cargo.
Este se considera un hecho histórico, dado que es la primera vez que se desarrolla un juicio político en el pleno del Poder Judicial y que se aprueba por unanimidad.
El proceso se inició en contra de la magistrada porque el Juez José Clemente Zorrilla Rostro solicitó el juicio político bajo el rubro de usurpación de funciones, pues argumentó que lo destituyó del cargo, acto que debía ser aprobado por el Consejo de la Judicatura.
En una sesión que inició ayer viernes a las 11:00 horas del viernes y concluyó alrededor de las 16:40 horas, se desarrolló el juicio al que únicamente acudió la defensa de la magistrada.
El pasado 19 de marzo el pleno del Congreso local, erigido como jurado de acusación, aprobó el juicio político a la magistrada planteando su inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución, acto que fue ratificado por el Tribunal.
Tras ello, el 30 de marzo la Comisión Instructora del Congreso local ratificó ante el Poder Judicial el dictamen con el que se instruyó aplicar el juicio político.
La defensa de la magistrada argumentó algunas irregularidades en el proceso; sin embargo, el juicio se desarrolló conforme al dictamen generado en la Comisión Instructora del Congreso local, donde se definió que fuera destituida del cargo.
A la reunión en la que se desarrolló el juicio no se presentaron a comparecer los integrantes de la Comisión Instructora, debido a que dos de los tres diputados que la integran solicitaron licencia para mantenerse separados del cargo.
Para subsanar la inasistencia, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, dio lectura a un escrito de la representante legal del Congreso, a pesar de no tener personalidad jurídica para suplir a los diputados locales.
La comisión Instructora estaba integrada por los diputados Enrique Cambranis Torres, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, los dos últimos de Morena y los cuales pidieron licencia a partir del primero de abril para contender por la alcaldía de Fortín y Minatitlán, respectivamente.
En sustitución debieron rendir protesta Oscar Lara y Viridiana Becerra Estudillo; sin embargo, desde el pasado 31 de marzo el Congreso local no ha sesionado, lo cual es violatorio de la Ley.
Se debe recordar que en noviembre del 2020 el Juez José Clemente Zorrilla denunció a la magistrada por extralimitarse en sus funciones al removerlo de Veracruz a un Juzgado en Ozuluama, sin el aval del Consejo de la Judicatura.
Por ello, solicitó al Congreso local un juicio político en su contra, mismo que fue avalado por mayoría de votos en el pleno de la Cámara local y ratificado ayer por el Poder Judicial.
Fue en octubre del 2019 que Sofía Martínez Huerta obtuvo el nombramiento como magistrada de parte del Congreso local, y en diciembre del mismo año por mayoría de votos el pleno decidió nombrarla presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
Es juez retirada por contar con más de 65 años de edad. Este cargo lo desarrolló en Misantla y Poza Rica, pero en enero de 2018 fue notificada que debía dejar el cargo por alcanzar el límite de edad permitido.
Un año después de su nombramiento, el 23 de octubre de 2020 fue destituida del cargo como presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, acto que fue aprobado por siete magistrados integrantes del Pleno.
En su lugar fue colocada de manera provisional la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien a la fecha continúa en el cargo.
Su destitución como presidenta se realizó debido a que los magistrados señalaron diferentes irregularidades, supuestamente cometidas por la togada durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Judicial.
Ese día se acudió con un cerrajero para tomar posesión de la oficina de la Presidencia y un Notario que dio fe de los hechos registrados, tras la sesión a propuesta de la magistrada Concepción Flores Saviaga.
“El presidente también a veces es temporalmente, pudiera darse la suplencia y en un momento dado puede, incluso si ella no hubiera asistido a la sesión, nombrar a un suplente por un término legal que se separara del puesto”, dijo Flores Saviaga.
Acusó al Secretario de Gobierno
El día de su destitución como presidenta del Poder Judicial, la magistrada Sofía Martínez Huerta aseguró que el Secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, la amenazó para dejar el cargo, por lo cual lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella o su familia.
Además, acusó que tras ser destituida solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección, mismo que no recibió.
“Inclusive ningún apoyo he recibido de Seguridad Pública, lo pedí en la mañana para que me ayudaran a resguardar, tampoco atendieron mi llamado, pero sí voy a hacer todas las acciones jurídicas y no me voy a dejar”, expuso.
En varias ocasiones la magistrada aseguró que el Pleno no contaba con las atribuciones para removerla, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo les permite nominarla, pero no revocar su mandato.
Por ello, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a voltear a ver a Veracruz, pues “personas que dicen impulsan su proyecto de nación están violentando la ley para apoderarse de las instituciones”.
“Soy una mujer con principios, que trabaja, honorable, mi honorabilidad la voy a limpiar y voy a salir al frente de todo, no es posible que un grupo de personas misóginas que no quieren a las mujeres no nos dejen trabajar, esos tiempos son arcaicos, ahora hay que dar lugar a todo tipo de personas que tengamos un trabajo honorable y que nos dejen trabajar”, agregó.
Caso Exfiscal
El primer caso de juicio político que se desarrollaría en el seno del pleno del Poder Judicial fue el de exfiscal General del Estado, Jorge “N”, quien fue señalado por presuntas irregularidades que supuestamente cometió mientras estuvo al frente del órgano procurador de justicia.
Hasta el Congreso local llegar con seis solicitudes, de las cuales dos procedieron: La interpuesta por el abogado Arturo Nicolás Baltazar por fabricar pruebas contra la imputada por el delito de desaparición forzada Carlota "N"; y la del abogado Jorge Reyes Peralta en defensa del extitular de Servicios Periciales, Gilberto “N”.
El proceso se desarrolló en el Congreso local, pero no llegó al Poder Judicial, ya que no pasó al pleno para votación.
Sin embargo, el 3 de septiembre del 2019 la Diputación Permanente del Congreso local decidió separarlo del cargo por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el puesto.
La separación fue considerada como un acto personal de parte del partido en el poder, ya que en varias ocasiones se señaló la relación que el exfiscal tenía con el exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
Ese día fue designada por mayoría de votos y el aval de los legisladores de Morena Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, cargo en el que ya fue ratificada.
