XALAPA, Ver.- Al término del proceso electoral, la LXIV Legislatura tiene varios pendientes que aprobar en tribuna y que quedaron en la “congeladora” mientras algunos de los diputados buscaban reelegirse con una curul en la Cámara federal, en el Senado de la República o en la titularidad del Ejecutivo estatal.
El nombramiento de 12 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la designación del fiscal anticorrupción con lo que quedará completo el Sistema Estatal Anticorrupción y la elección del tercer comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se encuentran entre los pendientes.
También se dejaron para después de las elecciones la votación de la iniciativa ciudadana para darle autonomía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la cual fue presentada por la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la iniciativa de Protección a Menores en Orfandad por Feminicidio y la despenalización del aborto.
Los nombramientos de los 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado se han postergado desde febrero, ya que en enero se llevó a cabo el retiro forzoso de los magistrados que habían cumplido 80 años de edad o su periodo de 10 años en el cargo habría concluido.
Ante ello, el pasado lunes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, consideró como apremiante la propuesta del Ejecutivo estatal ante el Congreso local de los 12 cargos de magistraturas que están pendientes y que son indispensables para satisfacer las necesidades del servicio que requiere el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
La designación del fiscal anticorrupción debe generarse a más tardar este mes, debido a que el pasado 13 de junio se tomó protesta a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz.
Esta designación se podría realizar este jueves en la sesión del Congreso local, pues se ha señalado que en la orden del día se integraría este punto para presentarse ante el pleno.
El nombramiento del comisionado del IVAI está pendiente desde febrero de 2017, debido a la impugnación del proceso de parte de uno de los aspirantes al cargo y posteriormente ante la presunta falta de interés de los diputados para llevar a cabo este proceso.
Para cubrir dicho cargo, el pasado 11 de enero del año en curso el Congreso local designó a Arturo Mariscal Rodríguez como comisionado, en tanto se realiza este proceso.
Dadas las circunstancias, la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso local, Daniela Griego Ceballos, señaló que es necesaria “voluntad política” para retomar el trámite legislativo que llevaría al nombramiento del mismo, acto que no existe.
El pasado 24 de mayo la Coalición de Pensionistas del Estado (Copipev) entregó al Congreso local la iniciativa ciudadana para darle autonomía al IPE, a la cual se le dio entrada en la sesión vespertina de la Legislatura LXIV del pasado 28 de mayo, donde pasó a comisiones y a la fecha no ha sido presentada en el pleno para su aprobación.
Luego de varios meses de trabajo entre los 14 colectivos de búsqueda de la entidad, legisladores y asesores se creó el documento de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que se esperaba fuera presentada en la sesión del pasado 28 de junio, hecho que no se registró.
Ese día, el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Gregorio Murillo Uscanga, señaló que no se había presentado en esa fecha por motivos de tiempos en las agendas y rechazó que se fuera a la “congeladora” porque existe el compromiso de los colectivos para aprobarla.
El 19 de junio pasado la diputada local de Morena Guadalupe Osorno Maldonado presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para proteger a hijos e hijas de víctimas de feminicidio y desaparición. El 5 de julio la legisladora indicó que una vez que una iniciativa entra en comisiones, éstas cuentan con diez días para dictaminar, lo cual no se ha registrado por falta de interés de los legisladores.
Desde julio de 2017 se presentó la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo; sin embargo, a la fecha no ha sido aprobada.
Ante ello, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México hicieron un llamado al Congreso de Veracruz a cumplir la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación sobre la despenalización del aborto, antes del 31 de julio.
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