Al señalar que fue el Congreso local en donde se avaló el endurecimiento a las sanciones para el delito de ultrajes a la autoridad, la Fiscala General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que está obligada legalmente a cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en Veracruz.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, fue cuestionada por el diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, en torno al delito de ultrajes a la autoridad y su aplicación, así como del número de personas que han sido detenidas por este.

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Al respecto, la Fiscala argumentó que siempre atenderá las recomendaciones emitidas por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, se negó a entregar datos precisos sobre el número de detenciones realizadas bajo este delito, “por secrecía sobre las carpetas de investigación, no se pueden dar los datos de forma pública”.

“En esta Soberanía, la anterior Legislatura fue quien tuvo la confianza y me designó como Fiscal General, aquí protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes políticas que de ella emanen, así como todo lo que esté contemplado y tipificado y que me competa como conforme al cargo y exista como Ley vigente yo tengo que atenderlo”, dijo.

Refirió que la Fiscalía ha actuado en consecuencia respetando los derechos humanos, “la Fiscalía General del Estado es proactiva en la defensa de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los presuntos responsables atenderemos todo tipo de recomendación que en su caso haga la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, no tengo más que decirle que nosotros cumplimos con lo que las leyes vigentes establecen”.

Asimismo, afirmó que la recomendación 146 /2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionada con la detención de seis jóvenes acusados del presunto delito de ultrajes a la autoridad en Xalapa, ya fue atendida.

“La disposición de la Fiscalía para cualquier proyecto de Ley que pueda fortalecer el estado de derecho y a las instituciones ante la inminente derogación del tipo penal”.

En torno al número de personas privadas de la libertad bajo el delito de ultrajes a la autoridad, indicó que los datos los haría llegar por escrito en el término de 48 horas.

“Tenga por seguro que los presuntos responsables que están en proceso actuará en consecuencia y conforme a lo que la ley nos permite”, argumentó.