Sin atender la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los diputados locales de Morena determinaron mantener el delito de ultrajes a la autoridad, ya que únicamente se derogaron dos fracciones del artículo 331 del Código Penal del Estado.
El Dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales fue aprobado por 33 legisladores de Morena y rechazado por 15 diputados del PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano.
En sesión extraordinaria, realizada este domingo, los diputados desatendieron la recomendación 146/2022 emitida por Derechos humanos en la que se solicitó eliminar el delito del Código Penal local, misma que habría sido aceptada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
Dicha aprobación se dio un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los recursos con los que se busca que dicho delito sea declarado inconstitucional, lo cual podría darse este lunes 28 de febrero.
Con dicha reforma, únicamente se derogaron las fracciones II y IV del artículo 331. En la primera se establecía que el delito se aplicará cuando se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima y en la segunda se determinaba que se aplicaría cuando el delito se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
Sin embargo, quedaron establecidas las fracciones I en la que se determina que se aplicará el delito de ultrajes a la autoridad cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; III en la que se indica que será aplicado cuando el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.
De la misma forma, sigue vigente lo dispuesto en el artículo 331, en la parte que señala que “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”
Además, quedó firme el artículo 371 Quinquies en el que se determina que: Se impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.
Dicha modificación fue aprobada, a pesar de las múltiples críticas de la oposición y sin considerar las tres iniciativas y dos solicitudes de derogación que ingresaron al Congreso local.
En marzo del 2021 los diputados de la 65 Legislatura aprobaron una serie de cambios al Código Penal para sancionar delitos como cobro de piso, extorsión, ultrajes a la autoridad y crearon el capítulo de delitos cometidos contra las instituciones de seguridad.
Ante ello, diputados locales de la actual Legislatura promovieron acciones de inconstitucionalidad que se prevé sean resueltos por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes 28 de febrero.
Pese a las peticiones de derogación, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la basó su Dictamen en la propuesta que remitió el legislador de Morena, Antonio Luna Rosales.
La oposición pidió retirar del orden del día el Dictamen para integrar un nuevo documento con la visión de las cuatro propuestas que se remitieron a la comisión, sin embargo, la petición se desechó.
El pasado viernes 25 de febrero se dio entrada a la propuesta de Morena, Antonio Luna en la que pedía quitar del Código las fracciones II y IV, las cuales fueron aprobadas.
Los integrantes de mencionada Comisión Luis Fernando Cervantes Cruz y Rosalinda Galindo de Morena, firmaron el acuerdo, pero el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, que también pertenece a esta, no colocó su rúbrica.
LO PREVIO A ESTA APROBACIÓN
La derogación de este delito ha causado controversia. Grupos de abogados han solicitado que se derogue y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una recomendación en la que se pide al Estado que este delito sea eliminado del Código Penal del Estado.
La CNDH determinó que policías del Estado violaron los derechos humanos de seis jóvenes que fueron detenidos en la plaza El Tejar en Xalapa, por lo que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses.
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Además, ordenó indemnizar a los jóvenes, un curso de capacitación a policías y ministeriales y al Estado le pidió derogar el delito de ultrajes a la autoridad
En tanto, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que la derogación de este delito podría abrir la puerta a los presuntos delincuentes presos en Veracruz, además de que significaría un negocio para algunos abogados que defenderían a quienes cometan el mismo.
Incluso este domingo hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte a no declarar este delito como inconstitucional.
MORENA DEFENDIÓ LA REFORMA
En defensa de su propuesta de modificación, el legislador de Morena, Antonio Luna Rosales, aseveró que con ello se buscaba evitar ambigüedades y mantener la paz social que se ha logrado desde hace tres años.
Manifestó que dicha modificación es muestra del interés de garantizar los derechos humanos.
“Toda ley es perfectible y nos encontramos de cara una oportunidad de hacerlo. La normativa vigente iba contra la Constitución, era ambigua y entraba en el ámbito de competencia de otros delitos ya contenidos en el código penal, por lo que era necesario actualizarla, el objetivo de considerar este delito no es una necedad, es una necesidad y muy concreta: fortalecer el ambiente de respeto y cuidado que debe imperar en la relación entre la ciudadanía y las y los servidores públicos que representan a la autoridad”, expuso.
LO QUE DIJO LA OPOSICIÓN
El legislador del PRI, Marlon Ramírez Marín, recodó que él no avaló el Dictamen por ser violatorio de los derechos humanos, insuficiente y no repara el daño a familias y personas detenidas por el delito de ultrajes.
Refirió que cada diputado deberá ser responsable de la votación que emitió, “tendrán que cargar con tres responsabilidades. Una, la jurídica porque la corte volverá a corregirle la plana a la mayoría del Congreso; dos, la política, porque significa la pérdida de confianza de los electores que en el pasado los apoyaron, y la principal, la social, porque ante los ojos de las familias de las víctimas, los diputados son responsables de la cadena de errores de lo que se votó en la Cámara y que mantiene a cientos de personas en la cárcel”.
Por su parte, el diputado del PAN, Jaime de la Garza, señaló que Morena no tomó en cuenta la propuesta que presentó en el mes de enero, pues se hicieron cambios a modo.
“Quieren darnos atole con el dedo a todo el pueblo, ya que según ellos se derogan dos fracciones, pero se mantiene el 371 quinquies, que sanciona los delitos contra instituciones de seguridad, y que representa el plan B de las autoridades estatales. Este Dictamen es una burla al pueblo veracruzano, la cuestión era quitar el 331 y que tiene a mucha gente en la cárcel por la supuesta comisión de delitos, y en el caso de que fallara, bueno, por qué no, dejamos el 371. Ese no se toca, y ese es el que tiene las penas más altas”, expuso.
Mientras que el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, aseveró que no puede estar a favor de un Dictamen que con el que no coincide, ya que no se tomó en cuenta la propuesta que presentó.
“En dicha propuesta se incluía la opinión de los abogados y no se consideró, además, no se tomó en cuenta la recomendación de la CNDH, e incluso se ignoró la propuesta del Gobernador”, comentó.
Asimismo, Anilú Ingram Vallines, diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, comentó que la reforma es violatoria a los derechos humanos, “es una farsa”.
“El dictamen que votaron a ciegas y sin el más mínimo remordimiento, no deroga el artículo, sino solo dos fracciones; es decir, fue a medias. Uno de sus principales argumentos es que el ultraje ya existía, y claro que existía, no con esta redacción y amplitud de acción como ellos lo reformaron, pero aquí es donde pregunto ¿no le prometieron al pueblo acabar con todo lo que se hizo mal en el pasado? Y ahora resulta que uno de sus principales argumentos para no derogar por completo el artículo violatorio de Derechos Humanos, es que ya existía. Háganme el favor”, consideró.
