La implementación de las medidas para hacerle frente a la emergencia por el Covid-19 fue tardía, con lo que se desperdició el tiempo que México tenía de ventaja, aseguró José Lorenzo Álvarez Montero, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), quien se pronunció a favor de que los servidores públicos que tenían a su cargo esta obligación se hagan responsables y, en su caso, sean sancionados por incumplimiento o incumplimiento extemporáneo.

En el marco de la charla “El Covid-19 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que el investigador dictó en el ciclo de conferencias organizado por el Día del Abogado, señaló que en la propia Constitución se encontraban las respuestas necesarias para tratar los tres momentos principales de la pandemia: su inicio en China, su llegada a nuestro país y la expansión en todo el territorio. No obstante, lamentó que estas opciones no fueran aplicadas quizá “por temor a la crítica o ataques de los adversarios políticos, magnates de la economía o de las grandes empresas transnacionales”.

“Nuestro texto constitucional contiene la normatividad para tiempos regulares o normales y para casos anormales, irregulares o conflictivos. Lo que debemos hacer es aplicar las medidas extremas que señala la Constitución y hagamos frente, rápida y eficazmente, a los peligros y conflictos de la sociedad mexicana en busca de una solución”, dijo.

El abogado dijo que desde que se supo que el virus causante del Covid-19 estaba expandiéndose se debió atender a la fracción XVI del artículo 73 constitucional, que señala que en caso de epidemias de carácter grave, de peligro o de invasión de enfermedades exóticas en nuestro país la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para aplicar y tomar las acciones necesarias para hacer frente a la situación. Añadió que ese mismo artículo estipula que estas disposiciones deberán ser obedecidas por todas las autoridades administrativas del país, incluso expuso que debiera de ser adicionado con el fin de que se abarque a todas las autoridades del país, es decir, administrativas, legislativas y judiciales.

Álvarez Montero apuntó que una vez que la pandemia llegó a México se continuó con las omisiones constitucionales, ya que la Carta Magna establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro conflicto que ponga a la sociedad en grave peligro el presidente de la República —con aprobación del Congreso de la Unión o de la comisión permanente— podrá suspender en todo el país o en parte del país los derechos humanos, esto con el fin de hacer frente rápida y eficazmente al problema que se presenta.

Expuso que aunque el Covid-19 cumplía con las características de poner a la sociedad mexicana en grave peligro, López Obrador determinó no suspender los derechos humanos a pesar de que con esto se hubieran evitado multitud de problemas, retardos y pienso que muertes. “Al presentarse el problema debió enfrentarse de manera enérgica y decidida con los instrumentos científicos técnicos y jurídicos de que se dispone, sin detenerse por evitar consecuencias políticas, críticas malsanas y si no, ¿para qué sirven las medidas que tiene nuestra Constitución?”, cuestionó.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas aseguró que además de las omisiones del presidente, “siete señores feudales de oposición” que gobiernan igual número de estados en el país decidieron no obedecer las instrucciones federales poniendo en riesgo a la población. “Poniendo a la política primero en lugar de la salud y la vida”.

Mexicanos no pueden pagar los platos rotos de la inexperiencia: diputados

El crecimiento de la pandemia por Covid-19 ha generado opiniones encontradas entre los diputados locales y federales, pues mientras algunos consideran que las autoridades deben ser sancionadas por su falta de acción, otros destacan que se requiere trabajo conjunto y colaboración ciudadana.

La diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, señaló que a cuatro meses de haber iniciado la pandemia los estragos del Covid-19 son cada vez mayores, no sólo en lo sanitario, sino en lo económico.

Refirió que el gobierno federal ha sido omiso en la atención de los afectados y ejemplo de ello es que en dicho tiempo se perdieron en el país un millón 113 mil 677 empleos, cifra otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado lunes.

Ingram Vallines recordó que desde marzo los integrantes de la bancada del PRI propusieron diez acciones concretas para la economía. Entre éstas: Declarar con carácter inmediato cuarentena rigurosa a nivel nacional; eliminar el impuesto de 16% de IVA en abril y mayo; que el gobierno complementara el salario de trabajadores que han sido afectados por los recortes ante la emergencia; y posponer el pago de servicios básicos como agua y luz, así como autorizar líneas de crédito, al 0% de interés a productores de alimentos e insumos de higiene, limpieza y médicos, con el objetivo de evitar el desabasto.

Ingram Vallines mencionó que ninguna de las peticiones ha sido atendida, por lo que es necesario que los funcionarios públicos que son omisos sean sancionados por incumplimiento extemporáneo como lo han propuesto ya algunos juristas.

“No pueden seguir pagando las y los mexicanos los platos rotos de la inexperiencia de quienes se supone llevan las riendas del gobierno”, dijo.

El diputado local del PAN, Juan Manuel Unanue Abascal, indicó que no sólo a nivel federal ha existido omisión de parte de las autoridades para atender la pandemia por Covid-19, sino también a nivel estatal, sobre todo en la Secretaría de Salud.

Unanue Abascal consideró necesario sancionar a las autoridades en las que recaiga la responsabilidad de no generar las estrategias que permitan atender la pandemia.

El diputado del PAN destacó que ya solicitó la comparecencia del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, con el fin de que explique a los legisladores por qué “ha sido negligente y omiso en sus deberes y ha puesto en riesgo la vida tanto de médicos como de ciudadanos”.

Comentó que dicha solicitud la hizo ante las denuncias que el personal de salud ha presentado por no contar con los insumos, instrumentos y materiales de calidad para el cumplimiento de su labor.

Puntualizó que en diciembre pasado el Congreso local aprobó el presupuesto estatal en el que se etiquetaron más de mil millones de pesos para la compra de insumos médicos para los hospitales en Veracruz; sin embargo, estos recursos no se han visto aplicados.

Por su parte, el diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, opinó que la responsabilidad del crecimiento de la pandemia no debe recaer sólo en las autoridades estatales o federales, sino también en la falta de atención a las medidas sanitarias que ha tenido la ciudadanía.

Manifestó que han muerto miles de personas de todos los estratos sociales e incluso servidores públicos, pese a la atención que las autoridades tienen sobre el tema.

“Acaba de haber un gran apoyo mayor a los 276 millones de pesos para reforzar la atención a la pandemia, creo que se ha podido hacer lo que está en manos de las autoridades, por ejemplo: Estados Unidos, que es un país rico, tiene mayor afectación a pesar de tener mejor infraestructura, mejores médicos, clínicas y hospitales”, expresó.

Señaló que no se trata de politizar el tema ni de competir entre partidos, sino de generar un trabajo conjunto entre todos los sectores para poder generar resultados positivos.

“Se puede hablar de una respuesta a destiempo, pero se tiene que precisar también que el mundo no esperaba una situación de este tipo, se debe meter velocidad para que la atención camine más rápido que el problema y asumir la responsabilidad ciudadana. Hay mucha gente que no cree en esto porque es un enemigo invisible”, opinó.

Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa