En 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Veracruz reportó haber iniciado 902 investigaciones por casos de corrupción, de las cuales solo el 1.1 por ciento fueron judicializadas.
Según el informe FGE/DTAlyPDP/873/2024, con fecha del 3 de abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), recibió 902 denuncias por presuntos delitos de corrupción en el estado de Veracruz e inició el mismo número de investigaciones de oficio. Sin embargo, el porcentaje de investigaciones judicializadas apenas alcanza el 1.1 por ciento.
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El informe oficial indica que, durante el año pasado, la Fiscalía formuló solo 10 imputaciones y 12 vinculaciones a proceso, obteniendo 5 sentencias condenatorias.
Sobre el estatus de las carpetas de investigación, el documento describe que 10 investigaciones fueron judicializadas, en 32 se determinó “la facultad de abstenerse de investigar”, en 26 se aplicó el “no ejercicio de acción penal”, 2 casos fueron archivados temporalmente, en 9 se dictó la suspensión condicional del proceso, 16 se encuentran en acumulación y en 39 se declaró “incompetencia”.
Para este año, el presupuesto aprobado para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ascendió a 15 millones 276 mil 014.48 pesos.
Los antecedentes
Con la Reforma a la Constitución Federal del 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. En 2017 se reformaron y promulgaron diversas leyes secundarias para la prevención, persecución, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Esto dio lugar a la creación de Fiscalías Anticorrupción a nivel federal y estatal. En octubre de 2017 se reformó el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Mediante un decreto de diciembre de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para dotar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de autonomía para investigar y perseguir delitos de corrupción.
Desde su creación y hasta julio de 2024, la Fiscalía ha tenido tres titulares. Actualmente, Clementina Salazar Cruz es la titular, designada en mayo de 2020 por el Congreso del Estado. Antes de ella, Marcos Even Torres Zamudio y José Alfredo Corona Lizárraga ocuparon el cargo, pero no completaron sus periodos.
Marcos Even Torres Zamudio estuvo al frente de la Fiscalía del 28 de julio de 2018 al 11 de octubre de 2019. Posteriormente, José Alfredo Corona Lizárraga asumió el cargo desde el 11 de octubre de 2019 hasta el 28 de mayo de 2020.
La Fiscalía se encarga de recibir denuncias por delitos de corrupción, excluyendo la desaparición forzada de personas, que es competencia de otra fiscalía especializada.
Al 31 de enero de 2024, la Fiscalía cuenta con cinco fiscales, dos peritos, seis policías investigadores y un total de 34 empleados.
Respecto a la profesionalización, al 31 de enero de 2024, la Fiscalía tenía cuatro funcionarios con grado de preparatoria, 22 con licenciatura y 8 con maestría o doctorado.
Deficiencias y resultados
El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha sido evaluado como deficiente por la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”. La Fiscalía carece de reglamentos internos y protocolos de investigación, audiencias, protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas.
En 2022, la Fiscalía reportó 1,113 investigaciones por corrupción, de las cuales solo el 1 por ciento fueron judicializadas, situación que se repitió en 2023.
Además, entre 2020 y 2022, la Fiscalía enfrentó reducciones financieras y falta de recursos adecuados. En el ámbito de recursos humanos, la capacitación y el nivel de escolaridad del personal asignado a la Fiscalía también fueron calificados como deficientes.
Antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, presentada el 23 de julio de 2024 y la cual estaba programada para aprobarla este el 31 de julio, pero al final no se concretó, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no contaba con las facultades legales o reglamentarias para formular peticiones de extinción de dominio o recuperación de activos. Esto impedía recuperar montos en dinero y bienes muebles e inmuebles, limitando su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
