La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respetará los derechos laborales de los elementos que integran la corporación Fuerza Civil tras su próxima extinción, de acuerdo con autoridades de esa dependencia estatal.
Con hermetismo, agregan que la Fuerza Civil cuenta con más de 2 mil elementos activos en el estado, entre hombres y mujeres, aunque no detallan si serán reubicados en otras áreas o de plano liquidados una vez que la corporación desaparezca.
¿Qué dijo la Secretaría de Gobierno sobre la desaparición de Fuerza Civil?
Aunque la Secretaría de Gobierno anunció a través de un comunicado oficial la extinción de la Fuerza Civil, autoridades de la SSP dicen que aún no hay fecha establecida para formalizarla, pues las investigaciones relacionadas con el desalojo violento en San Antonio Limón Totalco, del municipio de Perote, en donde murieron dos campesinos, involucran a esa corporación.
Incluso, hasta hoy, la extinción de la Fuerza Civil no ha sido anunciada oficialmente a través de la Gaceta Oficial del Estado.
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Hoy, lunes 24 de junio, mandos de la SSP se reunieron en las oficinas centrales de esa Secretaría para tratar todo lo relacionado con la Fuerza Civil y el caso de San Antonio Limón Totalco, según lo informado.
Policías de Seguridad Pública señalan que ningún superior ordenó el desalojo de manifestantes que bloqueaban la carretera libre a Puebla en contra de la posible sobreexplotación de fuentes naturales de agua y de la contaminación generadas supuestamente por la empresa porcina Granjas Carroll de México en el valle de Perote.
Sin embargo, agregan que el operativo se salió de control, pues entre los elementos había policías de la Fuerza Civil que comúnmente no obedecían ni cumplían órdenes.
¿Cuándo comenzó funciones la Fuerza Civil en Veracruz?
El 21 de octubre de 2014, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los entonces mandatario estatal y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong realizaron la presentación oficial y puesta en operación de la Fuerza Civil, un nuevo agrupamiento táctico y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública destinado a reforzar todos los programas vigentes en el estado.
Ese día, se presumió que los elementos de la Fuerza Civil habían recibido adiestramiento del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal.
Además, esos elementos fortalecieron sus estrategias y capacidades a través de cursos en Estados Unidos, Francia, España, Guatemala, Belice, El Salvador, República Checa, Israel, Italia y Canadá, entre otros, acuerdo con los antecedentes.
Incluso, se dijo que se trataba de un grupo especial de operaciones que aprobó los exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), además de que reforzaría las acciones de la Policía Estatal en cada región de la entidad.
La corporación cuenta con armamento y equipo sofisticado, además de que tiene entre su personal a expertos en la desactivación de explosivos, francotiradores, montañistas y rescatistas, según lo informado.
Sin embargo, aunque ese grupo de élite ha dado buenos resultados en operativos contra grupos delictivos y la prevención del delito, desde su puesta en marcha surgieron varias quejas y denuncias ciudadanas en su contra, que van desde abuso de autoridad, desapariciones forzadas y secuestros, de acuerdo con los antecedentes.
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Acusaciones en contra de la Fuerza Civil
De acuerdo con archivos periodísticos, durante febrero de 2018, Roberto "N", quien era director de la Fuerza Civil, fue detenido junto con otros 16 oficiales de esa corporación acusados de presunta desaparición forzada.
Todos estuvieron bajo investigación por el caso de La Barranca de La Aurora, en donde fueron encontrados restos humanos en los terrenos colindantes con el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), en el municipio de Emiliano Zapata, aunque posteriormente fueron liberados.
El 27 de enero de 2020, dos personas fueron lesionadas a balazos supuestamente por elementos de esa corporación en el tramo carretero Colipa-Vega de Alatorre.
Entre los agraviados se encontraba un ingeniero industrial de Laguna Verde y la agresión ocurrió según porque las víctimas no se detuvieron oportunamente ante la orden de los oficiales.
En abril del 2021, se denunció la desaparición de la adolescente Indira "N", de 16 años, luego de que presuntamente fue atacada sexualmente por elementos de la Fuerza Civil en Tezonapa.
Otro caso sucedió el 3 de julio de 2021, en Amatlán, en donde un niño de 13 años y un adolescente de 15 murieron en medio de una balacera entre elementos de Seguridad Pública y civiles armados en el poblado La Patrona. Vecinos hicieron señalamientos directos en contra de la Fuerza Civil.
En noviembre de 2022, dos oficiales de la Fuerza Civil fueron detenidos con base en una orden de aprehensión presuntamente por secuestrar a una familia de Papantla durante octubre de 2019.
El 23 de junio 2023, la Fiscalía General del Estado confirmó la captura de dos elementos de la Fuerza Civil por la desaparición forzada de José Said Rizo Martínez, en Xalapa.
El 3 de noviembre 2023, dos reporteros de la fuente de policiaca en Veracruz fueron golpeados supuestamente por elementos de la Fuerza Civil, que además les dañaron su equipo de trabajo, según por tomarles fotografías.
El 21 de diciembre de 2023, la caravana de migrantes fue agredida a tiros por elementos de la Fuerza Civil y Policía Estatal en la localidad de Motzorongo, del municipio de Tezonapa.
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Según testigos los policías trataron de detener los autobuses que habían contratado para seguir su paso hacia el norte del país.
El caso más reciente ocurrió el pasado jueves en San Antonio Limón Totalco, del municipio de Perote, en donde dos campesinos murieron durante un desalojo a balazos de parte de elementos de la Fuerza Civil; habitantes bloqueaban la carretera libre a Puebla para exigir un alto a la supuesta sobreexplotación del agua y a la contaminación que, según ellos, provoca la empresa porcina Granjas Carroll de México en su región.
Finalmente, ayer, domingo 23 de junio, la Secretaría de Gobierno anunció la próxima desaparición de la Fuerza Civil para crear un mando único que dependa de la Subsecretaría de Operaciones de la SSP.
