La diputada vocal de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Maribel Ramírez Topete, señaló que la decisión del gobierno de Veracruz de extinguir la corporación de la Fuerza Civil plantea varios riesgos significativos que deben ser manejados con cuidado y precisión.
En entrevista, mencionó que la seguridad pública es un tema que requiere planeación y aplicar las estrategias adecuadas.
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“La desorganización transitoria, la posible resistencia interna, la pérdida de especialización y el impacto en la seguridad pública son aspectos que requieren una planificación meticulosa. Es esencial que la transición se realice de manera gradual y ordenada, garantizando que las operaciones de seguridad no se vean afectadas y que se preserven los derechos laborales del personal”, expuso.
No se deben subestimar recursos destinados a corporaciones
Refirió que el impacto legal y los recursos necesarios para esta reestructuración no deben subestimarse.
“La transición implicará un análisis y cumplimiento riguroso de las normativas laborales y de seguridad pública. El gobierno debe asegurar que todos los cambios se realicen conforme a la ley para evitar litigios y disputas legales que puedan surgir”, expresó.
Asimismo, consideró que una reasignación y capacitación del personal requerirá una inversión significativa de recursos financieros y humanos.
Ante ello, mencionó que es vital que se destinen fondos adecuados para la formación de los elementos y la reorganización administrativa, asegurando que estén preparados para operar bajo la nueva estructura.
“Se debe dar una comunicación clara y transparente con la población es crucial para mantener la confianza pública. Sólo mediante una gestión cuidadosa y considerada de estos riesgos y desafíos, la reestructuración podrá cumplir su objetivo de mejorar la eficacia y coordinación de las fuerzas de seguridad en Veracruz, beneficiando así a toda la comunidad”, argumentó.
En su opinión, la decisión del gobierno de Veracruz de reestructurar la Fuerza Civil es prematura y puede tener consecuencias negativas que superan los posibles beneficios
“Urgimos al gobierno a reconsiderar esta medida y a buscar alternativas que no comprometan la seguridad y estabilidad del Estado”, agregó.