En los últimos cinco años, la cifra de personas desplazadas por la violencia en Veracruz ha experimentado un incremento, según las estadísticas reveladas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
De acuerdo con un informe de transparencia con fecha del 28 de noviembre de 2023, 934 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante este período.
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Los datos proporcionados por la CEEAIV indican una clara tendencia al alza. En 2019, se registraron 16 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; esta cifra se elevó a 89 en 2020 y aumentó aún más en 2021 con 192 personas afectadas.
En 2022, la situación empeoró, alcanzando un total de 311 víctimas, y hasta noviembre de 2023, se contabilizaron 326 personas desplazadas, representando un aumento del 4.7 por ciento respecto al año anterior.
Las estadísticas para 2023 desglosan que las 326 víctimas provienen principalmente de 50 municipios, donde los más afectados son:
- Xalapa (91)
- Veracruz (57)
- Córdoba (27)
- Coatzacoalcos (25)
- Orizaba (16)
- Poza Rica (10)
Entre 2019 y noviembre de 2023, los diez municipios con mayor incidencia de desplazamiento forzado son los siguientes: Xalapa (275 casos), Veracruz (143), Coatzacoalcos (73), Córdoba (54), Orizaba (39), Poza Rica (30), La Antigua (22), Papantla (20), Coatepec (17) y Boca del Río (16).
Contrastando esta información, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que entre marzo de 2015 y marzo de 2020, un total de 516 mil 801 personas en Veracruz se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia, con 15 mil 095 de estos casos atribuidos a la inseguridad delictiva o la violencia.
La definición de desplazamiento interno forzado, según la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU), abarca la situación en la cual personas o grupos de personas son forzadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual, ya sea por conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el ser humano, sin cruzar una frontera estatal internacionalmente reconocida.
Aunque el desplazamiento interno comenzó a documentarse en la década de 1970, no fue hasta abril de 2019 que el gobierno federal mexicano reconoció oficialmente su existencia y los desafíos asociados.
Sin embargo, a pesar de este avance, México carece aún de legislación nacional, cifras oficiales a nivel nacional o información desagregada, esenciales para comprender la magnitud y evolución del fenómeno en el país, así como para identificar los perfiles y la ubicación geográfica de las personas desplazadas.
Es importante destacar que las personas desplazadas internamente retienen sus derechos fundamentales, que incluyen el acceso a asistencia humanitaria básica (alimentos, medicinas, albergue), protección contra la violencia física, derecho a la educación, libertad de circulación y elección de residencia, así como derechos políticos, como participar en asuntos públicos y actividades económicas.
Además, tienen derecho a recibir asistencia de las autoridades competentes para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro, así como reasentamiento o integración local, incluso asistencia para recuperar propiedades y posesiones abandonadas.
