El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que es respetuoso de las decisiones que tomaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en torno a la destitución e inhabilitación de Sofía Martínez Huerta del cargo de magistrada.
En conferencia de prensa, realizada desde Palacio de Gobierno, aseguró que se mantendrá al margen sobre el hecho, ya que se debe respetar la autonomía y la destitución se generó en otro poder.
“Respeto esta instancia y lo que ellos hayan determinado, la decisión que tomaron fue basada en las acciones que analizaron, por eso debemos respetarla”, dijo.
Al ser cuestionado sobre si la inhabilitación de cinco años de la función pública de la exmagistrada fue adecuada, dados los señalamientos que tuvo por el presunto uso inadecuado de recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, el mandatario estatal manifestó que la sentencia fue aprobada de forma unánime.
“En el caso de la exmagistrada quien da el veredicto y le correspondió analizar las dimensiones de la penalidad fue otro poder, yo debo ser respetuoso, perdón que insista en esto, pero pudiera expresar mi opinión personal sobre el hecho, pero en casos tan álgidos mi opinión puede ser utilizada dentro de cualquier proceso a que tenga derecho la persona aludida o la instancia tomaría alguna acción”, expuso.
Recordó que el Congreso local inició el juicio político y lo envió al Poder Judicial, donde se tomó la decisión correspondiente.
“Lo que supe es que era inapelable (la sentencia), no había forma de ampararse, eso fue lo que supe y de ahí me mantengo al margen, lo que ellos hayan considerado fue su decisión, mejor así, que tal que digo que merece más o menos (sentencia)”, expresó.
El pasado viernes el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado destituyó a Sofía Martínez Huerta del cargo de magistrada y la inhabilitó por un plazo de cinco años de la función pública.
El proceso se inició en contra de la exmagistrada porque el Juez José Clemente Zorrilla Rostro solicitó el juicio político bajo el rubro de usurpación de funciones, pues argumentó que lo destituyó del cargo, acto que debía ser aprobado por el Consejo de la Judicatura.
