La perspectiva de género en el sistema de justicia no es una moda y debe subrayarse su aplicación, pues aunque existen criterios que obligan a estar capacitados, el “gran talón de Aquiles” siguen siendo los operadores de primer contacto, expresa la doctora en Derecho, Norma Elizabeth Alfaro Leal.
En el conversatorio “Violencia contra la mujer. Una mirada interdisciplinaria”, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, señaló que falta reforzar las capacitaciones con perspectiva de género a policías, a tránsitos y quienes trabajan en seguros.
Opina que desde la Corte se ha hecho un buen trabajo, pero igual que en los otros Estados de América Latina, se requieren medidas extraordinarias no contempladas en la construcción de un Estado de hombres como titulares del aparato.
“Existen criterios que obligan a los abogados y operadores de justicia a que si van a intervenir en asuntos con mujeres, niñas, adolescentes o mujeres en la ancianidad, estén especializados y capacitados para poder intervenir en violencias o en delitos”, puntualizó.
Sostuvo que ser mujer sigue siendo un gran problema para el Estado y la operación en cuestión de la dignidad humana de las personas, pues a las mujeres se les sigue tratando como un grupo vulnerable.
“Se les clasifica y cosifica, por eso se debe abordar desde diversas aristas su condición de mujer, mujer adulta mayor, mujer trabajadora, mujer empobrecida, marginada y excluida; identificar sus contextos y problemas, y proponer estrategias que limiten la doble o triple vulnerabilidad”, indicó.
Los retos, reiteró, son la protección del bien jurídico, la igualdad jurídica y la vida y dignidad humanas.
“Seguimos siendo objeto de muchos tipos de violencia y esto se ha ido incrementando; la pandemia volvió a detonarla y naturalizarla para no seguir avanzando en la promoción de los derechos humanos”, expresó.
Expuso además que hay un atraso en materia de tecnología, de cómo avanzar en la protección de los derechos digitales de las mujeres.
En su intervención, la maestra en Derecho Penal rememoró que la Corte mandata garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de discriminación o violencia de género, incluyendo el acceso a medidas de protección, asesoría legal y reparación del daño.
Además, dijo que los tribunales tienen que aplicar una perspectiva de género en la interpretación y aplicación de la ley, reconociendo las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y la necesidad de adoptar medidas afirmativas para garantizar su igualdad de acceso a la justicia
Reiteró la necesidad de la capacitación judicial en género, pues la Corte ha promovido la capacitación para jueces, magistrados y demás operadores de justicia, con el fin de sensibilizar sobre las causas y consecuencias de la discriminación y la violencia contra las mujeres y mejorar la respuesta judicial en estos casos, pero falta mucho por hacer en los operadores de primer contacto.
