Veracruz, Ver.- La diputada electa por Morena, Rosa María Hernández Espejo, solicitó a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, que demuestre su compromiso con los ciudadanos al no defender a la empresa Grupo MAS y comience a sancionar a la compañía con 250 millones de pesos, esto por incumplir con lo estipulado en el título de concesión, subrayando la necesidad de que haya justicia en la gestión de los servicios públicos.
¿Cuál fue el pronunciamiento de Rosa María Hernández Espejo sobre el Grupo MAS y el Ayuntamiento de Veracruz?
Hernández Espejo se sumó a la discusión de la crisis del agua que enfrenta la zona metropolitana de Veracruz- Boca del Rio- Medellín, iniciada en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando instó a las autoridades de Veracruz a revisar la concesión de la distribución y comercialización del agua otorgada al (Grupo MAS), Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.
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Y días después el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en su conferencia mañanera, pidiera al Ayuntamiento porteño no solapar a la compañía y sancionarla con la cancelación de contrato.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la legisladora compartió su pronunciamiento sobre lo expresado por la Presidenta Municipal Patricia Lobeira por el conflicto del estiaje del agua, donde esta última habría manifestado que para solucionar el problema se necesita dinero del estado, pero reclamó que este se gasta en festivales como el "Salsa Fest 2024".
Hernández Espejo calificó como una más de sus ocurrencias, porque está demostrado que para iniciar la operación del sistema se requiere menos de 450 millones de pesos, los cuales se obtendrían con la recaudación del pago anual anticipado de enero.
Al tiempo que defendió la realización de eventos como el Salsa Fest, en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, al referir que son primordiales para impulsar la derrama económica en el sector hotelero, restaurantero y turístico de la zona conurbada.
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La legisladora fue enfática en señalar que el desabasto de agua potable en la zona conurbada es consecuencia de la pésima actuación que ha tenido el ayuntamiento de Veracruz, sobre el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI de C.V. al no sancionarla con lo establecido en el título de concesión.
“No, señora. La gente no prefiere agua antes que la salsa; la gente quiere agua y quiere salsa. Y eso, es responsabilidad de su administración”, exigió.
Hernández Espejo mencionó que la falta de agua en la zona conurbada no es más que la consecuencia de la falta de inversión y mantenimiento por parte de Grupo MAS, pues le recordó que la empresa se comprometió a invertir 1500 millones de pesos en los primeros años de operación y 450 millones de pesos por año a partir del cuarto año que ya llevamos.
Como también que, Grupo MAS no ha destinado recursos al rubro de servicios ambientales para reforestar al Pico de Orizaba que alimenta el caudal del Río Jamapa, del cual depende el 50% de la población municipal, y donde a la fecha la administración municipal de Veracruz, tampoco ha exigido que esto se realice, enfatizó.
De la misma manera rechazó que el proyecto de la nueva toma de agua del Río Cotaxtla hacia el Jamapa que propone Grupo Mas y el ayuntamiento de Veracruz, para satisfacer la demanda del líquido a la zona conurbada, cuente con los permisos y recursos para su concreción.
“Es falso que Grupo MAS cuente con la concesión de Conagua Comisión Nacional del Agua-SMNmx y los recursos económicos para llevar a cabo la toma del Río Cotaxtla, ya que en el mes de mayo retiraron la maquinaria de la obra y se le vencieron los permisos de SEMARNAT y SCT, los cuales seguramente no se renovarán”, dice el texto.
La legisladora visibilizó la falta de oficio político y de incapacidad de la edil porteña para generar los consensos con sus homólogos de Medellín y de Cotaxtla para que se pueda iniciar la obra.
Finalmente añadió que no puede hablar de una indemnización a la empresa como la alcaldesa porteña señala, sin que antes exista un juicio y una resolución judicial. En todo caso será la empresa la que termine pagando más por todo el daño causado a la población y al medio ambiente, porque está demostrado que no cumplió.
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