La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán señaló que más del 50 por ciento de la población mayor de 18 años que vive en Xalapa considera que la ciudad es insegura.
En la sesión de la Diputación Permanente presentó un proyecto de punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Xalapa y a los otros 211 ayuntamientos a que adecuen sus bandos de Policía y buen gobierno, a fin de establecer la autoridad competente municipal encargada de calificar las faltas administrativas.
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Al respecto, refirió que de acuerdo con cifras de la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”, generadas por el Inegi, para diciembre de 2023, el 52 por ciento de la población mayor de 18 años residente en Xalapa, consideró que es inseguro vivir en la ciudad.
Destacó que dentro de los rubros sobre los que se desarrolló la ENSU fueron: a) sensación de inseguridad por temor al delito; b) atestiguación de conductas delictivas o antisociales; c) percepción del desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina como autoridades de seguridad pública; y d) desempeño gubernamental.
Al respecto, mencionó que en la investigación “Policía Mexicana: Brutalidad Sin Límite”, que forma parte del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se indica que la “brutalidad policial se ejerce bajo la sombra de la impunidad por la inoperancia de las autoridades encargadas de investigarla y sancionarla”.
“Muestra de ello lo podemos observar cuando policías estatales y municipales abusan de la ciudadanía en la implementación del programa alcoholímetro, en el que en diversas ocasiones a las personas no les realizan la prueba al momento de ser abordados, hacen las detenciones únicamente por presentar aliento alcohólico e inclusive, no sólo han detenido a los conductores, sino también a copilotos y otros acompañantes y, cuando realizan estos actos, mandan a traer el servicio de grúas, las cuales hacen cobros excesivos en el arrastre y liberación de las unidades, cobrando en algunos casos reportados más de 20 mil pesos y sin dar comprobantes oficiales de pago”, expuso.
Acusó que cuando las personas detenidas llegan al cuartel de la Policía Estatal en Xalapa, “ahí los dejan incomunicados, no les dan el derecho a una llamada, el médico de guardia ni siquiera certifica los grados de alcohol que presentan los detenidos”.
“Después es un viacrucis para poder liberar a familiares que se encuentran detenidos por situaciones similares, por si fuera poco, a la hora de ir a buscar los vehículos retenidos, además de los cobros abusivos de las compañías de grúas, algunos presentan daños en el cofre o faltan cosas en su interior, como las llantas de refacción porque los policías se quedaron con las llaves de los vehículos de las personas que detienen”, expuso.
Manifestó que, de acuerdo a los reportes que ha recibido como legisladora, las detenciones en muchas de las ocasiones “ni siquiera estaban justificadas puesto que los elementos de policiales no cuentan con un alcoholímetro, o algunos no funcionan, que determinara si es real que las personas se han excedido de los límites permitidos de alcohol para la conducción”.
Refirió que, además, no se cuenta con una autoridad competente encargada de calificar las faltas administrativas, en específico de un Juez Cívico Municipal, al interior de las cárceles municipales.
“Por lo que, al haber la falta de certeza jurídica en cuestión de los procedimientos administrativos, en específico del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, entre ellos el del ayuntamiento de Xalapa, se desencadenan a su vez, la posible fabricación de faltas administrativas e incluso de delitos en casos más extremos”, dijo.
Destacó que estas conductas también han sido denunciadas por colectivos de la sociedad civil como “Resistencia Ciudadana Xalapeña” y se han presentado al ayuntamiento en distintas ocasiones, habiendo una total negativa, con el argumento de falta de facultades y un convenio celebrado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la administración municipal.
“De acuerdo con el colectivo ‘Resistencia Ciudadano Xalapeña’, las violaciones más recurrentes a los derechos humanos que sufren las personas xalapeñas son perpetradas en el cuartel ‘Heriberto Jara Corona’, mejor conocido como cuartel de ‘San José’, esto por no tener los requisitos mínimos para la aplicación de las sanciones administrativas, apegándose al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como a los derechos humanos”, destacó.
Finalmente, recordó que desde agosto de 2017 tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica emiten el “Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México”, el cual forma parte de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024”.
En este se establecen los procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática, que tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Este Modelo Homologado es aprobado por la “Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal” y considera una perspectiva municipal y las realidades locales.
