Veracruz, Ver.- Por lo menos 200 millones de pesos captados del programa de verificación vehicular deberían ser utilizados en acciones de preservación y mantenimiento del sistema lagunar de Veracruz porque de lo contrario el dinero se irá al gasto corriente advierte el diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado.
En conferencia de prensa explica que de acuerdo a la Secretaria de Finanzas los recursos captados por el programa de verificación vehicular quedaron a “la libre disposición del gobierno” es decir que no se tiene un fin.
¿Para qué proyectos ambientales se destinaría el dinero?
Recuerda que la presente administración decidió desaparecer el Fondo Ambiental por lo que actualmente las lagunas de la zona están desapareciendo ante la falta de obra.
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Por ello el diputado panista considera que parte del dinero que entró al estado por concepto de la verificación deberían ser destinado a programas para preservar las lagunas.
“¿En qué creen que se gasta el gobierno de los contribuyentes? Pedimos información a la Sefiplan y nos respondieron que están a la libre disposición del gobierno, esto quiere decir que se lo pueden gasto corriente que puede ser gasto de nómina, de representación, viáticos o comidas de los funcionarios, el dinero de las verificaciones va a parar al bolsillo de burócratas”, expone.
En ese sentido pide que por lo menos 200 millones de pesos se destinen a obras ambientales como la conclusión de la laguna de El Encanto en Veracruz y la Olmeca en Veracruz.
¿Cómo logrará que se destine el dinero a los proyectos ambientales?
Afirma que se presentará ante el Congreso Estatal que se etiqueten los recursos que entran por las verificaciones para obras para mejorar al medio ambiente que el dinero solo se gaste en obras de corte ambiental.
Su solicitud es que 200 millones de pesos se distribuyan en dos conceptos: 100 millones de pesos para proyectos ambientales estratégicos que presentarán los municipios basados en el indicador de alternación de medio ambiental que tendrá la Universidad Veracruzana y otros 100 millones de pesos para proyectos ambientales impulsados por gobierno y sociedad civil.