XALAPA, Ver.- Bajo el concepto de “ayudas sociales”, durante dos años la actual LXIV Legislatura de Veracruz ejerció un gasto de más de 14 millones de pesos para ejecutar acciones que no son propias de un legislativo.
Considerado como uno de los congresos más caros en el país, el cuarto lugar nacional, con un presupuesto anual modificado en 2018 que ascendió a 732 millones 962 mil 326 pesos, la Legislatura de Veracruz ha ejercido un total de 14 millones 384 mil 479 pesos en “ayudas sociales” durante el periodo 2017-2018.
Calificadas como “sedesoles legislativas”, el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) señala en su reciente Informe Legislativo 2018 que los montos asignados como “ayudas sociales” representan una mala práctica en el Poder Legislativo del país, pues estas asignaciones son usadas en actividades propias de una secretaría desarrollo social, mismas que no corresponden a las funciones legales de un legislador.
Según las cifras oficiales, para el presente ejercicio fiscal, con un presupuesto de egresos inicial de 732 millones 185 mil pesos, que se modificó a 732 millones 962 mil 326 pesos, el Congreso local destinó 421 millones 931 mil 268 pesos en servicios personales, 17 millones 568 mil pesos en materiales y suministros, 81 millones 367 mil 678 pesos en servicios generales, 185 millones 550 mil 380 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como 26 millones 545 mil pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.
De esta manera, dentro del capítulo transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se asignaron 8 millones 192 mil 087 pesos bajo el concepto “ayudas sociales”, del cual no se conoce quiénes fueron los beneficiados, las reglas de asignación y operación con la que se han manejado.
De acuerdo con el Informe del Segundo Trimestre Presupuestal del actual Congreso del Estado, del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se destinaron 8 millones 192 mil 087 pesos en “ayudas sociales”; mientras que en 2017 los legisladores veracruzanos ejercieron un gasto de 6 millones 192 mil 392 pesos en 2017, sólo por el concepto de “ayudas sociales”.
Según el Artículo 17, Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, los diputados tienen dentro de sus derechos “recibir una dieta mensual y las demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables”.
Al respecto, las actuales legisladoras y legisladores veracruzanos, a parte de su remuneración mensual bruta de 58 mil 123.38 pesos, cuentan con un subsidio legislativo por concepto de “Gestoría y desarrollo de las actividades legislativas”, con montos mensuales diversos que van desde 10 mil 666. 67 pesos hasta 100 mil pesos.
En el periodo del primero de abril al 30 de junio, los diputados Vicente Benítez González, Eva Cadena Sandoval, Nicolás de la Cruz de la Cruz, Eraclio de la Cruz Vicente, Juan Manuel del Castillo González, Luz María Hervis Mayoral, Fernando Kuri Kuri, Cinthya Lobato Calderón, Marco Antonio Núñez López, Camerino Basilio Picazo Pérez, Sergio Rodríguez Cortés, Luisa Ángela Soto, Regina Vázquez Saut y Teresita Zucolotto Feito recibieron un monto bruto de 85 mil pesos mensuales para apoyos económicos.
No obstante, para el IMCO, estas asignaciones representan “dádivas legislativas”, que se suman a la mala práctica de asignar recursos por concepto de “ayudas sociales”, las cuales no forman parte de las funciones de un legislador: “no deben dar despensas o juguetes ni ofrecer fiestas o ayudas económicas, tampoco construir obra pública”.
Al respecto, de acuerdo con el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), las “ayudas sociales” son asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales, tareas ajenas a las funciones legales establecidas para un legislador.
De acuerdo con la normatividad legislativa, las atribuciones del Congreso veracruzano se concentran en cuatro aspectos fundamentales: presentar y aprobar leyes, vigilar a otros poderes, ratificar nombramientos, iniciar juicio político, además de que su representación es defender el interés público.
EL LLAMADO A LA AUSTERIDAD
Los informes y reportes legislativos realizados por centros de estudios nacionales, como el IMCO e Integralia, han señalado —entre otros aspectos— el problema del clientelismo en la negociación y aprobación de los presupuestos de los congresos tanto federal como locales en el país, así como el deficiente sistema de seguimiento del ejercicio del gasto público.
En el caso de Veracruz, el presupuesto legislativo ha registrado aumento de 5% en el periodo 2015- 2018, de 616 millones de pesos a 732 millones 185 mil pesos en 2018, que posteriormente alcanzó un monto modificado de 732 millones 962 mil 326 pesos.
Entre las propuestas realizadas por IMCO se encuentra el restringir el gasto en “ayudas sociales”, en la que cada congreso local “inicie procesos de austeridad al interior de su administración que permita reducir significativamente gastos superfluos y funciones que no les corresponde”.
Dicha tarea le corresponderá atender a la próxima LXV Legislatura de Veracruz, que iniciará funciones el 5 de noviembre, donde la principal fuerza política estará a cargo del partido.
Asimismo será la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto del Congreso estatal la encargada de aprobar la distribución por concepto del gasto en servicios personales, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como materiales y suministros, bienes muebles e inmuebles que se asignen dentro del Presupuesto Anual de Egresos 2019.
