Diputados locales criticaron que la mayoría del Congreso local está enfocada en temas políticos y no presta atención a las actividades legislativas que se deben llevar a cabo.
En torno a las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en específica a la consulta de pueblos originarios y afrodescendientes, mencionaron que ello se debe a la falta de reuniones y cumplimiento a los procesos legislativos.
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¿Qué opinan diputados sobre las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán recordó que las resoluciones de la Suprema Corte obedecen a peticiones ciudadanas ante acciones que se consideran violatorias de derechos humanos. “En este caso tuvo que rehacerse, pero para no caer en una inconstitucionalidad de la ley estatal se aprovechó para atender lo que ya se tenía”, expresó.
Destacó que para evitar acciones legales en contra debe hacerse uso del parlamento abierto, acto que no se lleva a cabo en el Congreso local.
El diputado del PAN, Miguel Hermida Copado refirió que no se planea y no se generan las acciones legislativas indispensables para el funcionamiento de este Poder.
“Al carecer de planeación y tener un componente de improvisación genera este tipo de situaciones que, a su vez, provocan gastos que no deberían generarse, no podemos pagar 4.5 millones de pesos cada vez que vayamos a modificar una ley, lo que necesitamos es planear”, dijo.
Refirió que se debe ser responsable en todas las acciones que se llevan a cabo, pues de lo contrario seguirán presentándose observaciones del máximo tribunal del país.
Lo que sucedió
En junio pasado, al dar cumplimiento a la sentencia de la SCJN en relación con la acción de inconstitucionalidad 210/ 2020, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el dictamen de Decreto que reforma el párrafo séptimo y que adiciona los párrafos octavo y noveno, con el corrimiento del actual octavo a décimo, al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado, respecto al reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas.
La redacción del séptimo párrafo del Artículo 5 de la Carta Magna local señala, “esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tendrán, en lo conducente, los derechos señalados en el presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo integral e inclusión en todos los ámbitos de la vida pública”.
Además, como parte de los resultados de la consulta previa, libre e informada a estos Pueblos se acordó incorporar los párrafos citados y que precisa que corresponde al Estado promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades de afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes, así como garantizar los derechos siguientes de los pueblos y comunidades afromexicanas, enunciados de manera no limitativa.
Para alcanzar su desarrollo integral con igualdad sustantiva y perspectiva de género; a proteger, restaurar, conservar, defender y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y demás elementos medioambientales que integran su hábitat y sustentan su cultura e identidad; a preservar, enriquecer y transmitir generacionalmente la práctica de su memoria histórica, arte, tecnologías, sistemas alternativos de salud, tradiciones orales y culinarias, filosofías y demás elementos de identidad y cultura.
También, a participar activa y creativamente en la vida pública, la organización económica y productiva, la generación de empleos, la preservación de la salud, el establecimiento de infraestructura sostenible y el mejoramiento del ingreso; a contar, de conformidad con las leyes en la materia, con programas y materiales educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, su historia, cosmovisión y aportaciones sociales, políticas, económicas, culturales y democráticas; y a ejercer la autoadscripción calificada.
Tras ello, el Congreso de Veracruz gastó 4.5 millones de pesos en la realización de los foros de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, mismos que debieron llevarse a cabo por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 18 de mayo el Congreso local llevó a cabo el contrato por adjudicación directa AD-009-2023, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la empresa Asesores Técnicos de Betón S.C.
En el contrato se establece que el pago por los servicios será de 4 millones 500 mil pesos, cantidad que se pagará mediante transferencia o depósito bancario.
El primer pago, de acuerdo al contrato, se realizó el pasado 1 de junio; el segundo el 6 de junio; y el tercero el 15 de junio. Cada uno de éstos de 1.5 millones de pesos.
En el documento se indica que el proveedor se compromete a realizar los trabajos de los foros de consulta y al término de ellos entregar un respaldo de las actividades en la Dirección de Servicios Jurídicos en el Palacio Legislativo.