Dado que no se obtuvo la mayoría calificada de 34 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado rechazó, en su segundo periodo de sesiones ordinarias, el dictamen de la iniciativa que adiciona los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 4 de la Constitución Política Local, con la cual se protegía a la familia “natural” y el matrimonio heterosexual.

La propuesta en su segunda vuelta fue respaldada por 32 diputados de las bancadas del PAN, PRD, PRI y Juntos Por Veracruz, pero rechazada por los legisladores de Morena. Mientras que el panista, Hugo González Saavedra y el independiente, Sergio Rodríguez Cortés, decidieron abstenerse y Cinthya Amaranta Lobato Calderón y Ernesto Cuevas Hernández, no participaron en la votación.

La propuesta fue aprobada en su primera vuelta el pasado 31 de enero, también con el rechazo de la bancada de Morena y la diputada local independiente, Miriam Judith González Sheridan, quien derivó de la iniciativa popular presentada por un grupo de veracruzanos agrupados en la asociación católica “Más Vida, Más Familia” en representación de 12 mil 123 mexicanos nacidos en nuestro estado, que la firmaron.

Dicha reforma establecía que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado, a fin de que su entorno les garantice a todos sus miembros las condiciones necesarias para alcanzar un óptimo desarrollo. En ella se señalaba que el matrimonio es una institución de interés público y el fundamento de la familia, por lo que como tal debe ser protegido por el Estado.

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el desarrollo integral de la familia como un elemento indispensable para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de, los programas y políticas públicas del Estado y los municipios”, indicaba. De la misma forma, mencionaba que con el objetivo de garantizar el respeto del interés superior de la niñez, todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer en su familia, bajo el cuidado y protección de sus padres.

En el caso de orfandad de padres de un menor o si fuese privado de manera definitiva de su familia de origen, se debería asegurar su cuidado y protección por padres adoptivos, por lo que el Estado no puede por ninguna causa privar deliberadamente a un niño de este derecho. El artículo 10 de la Constitución Política del Estado dejaba por sentado que los padres tenían el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, donde se incluía el desarrollo de las aptitudes intelectuales, morales, la educación sexual, las actitudes y virtudes, atendiendo a los principios establecidos en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El pasado 25 de mayo y ante la evidente falta de la mayoría calificada, el dictamen ya había sido retirado de la orden del día. Ese día, el diputado panista, José Luis Enríquez Ambell, pidió el uso de la voz previo a la discusión del punto, para proponer que se retirara, alegando que al no contar con ese mínimo de votos no se lograría aprobarla en segunda vuelta y por consiguiente, ya no se podría someter a votación en un próximo periodo de sesiones ordinarias.

La decisión de “bajar” el dictamen generó molestia en los integrantes del grupo Más Vida, Más Familia presentes en el recinto oficial de sesiones, quienes con pancartas en mano se levantaron de los asientos y empezaron a corear consignas hacia los legisladores. En contraparte, los colectivos pro defensa de los derechos de la comunidad lésbico-gay exigieron a los legisladores respetar el Estado Laico y su separación con la Iglesia, en el que se fundamenta la República Mexicana.