La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que durante el 2021 se abrieron 96 mil 186 carpetas de investigación relacionadas con delitos de diferentes tipos.
Al comparecer ante los diputados locales, indicó que de ese total se logró determinar un total de 79 mil 751, lo que representa un incremento del 15%, respecto del mismo periodo del año 2020.
Al presentar lo datos generados en la Fiscalía refirió que el año pasado se logró la detención de 6 mil 584 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades. De éstas 2 mil 220 se llevaron a un control, 2 mil 734 fueron vinculadas a proceso y 2 mil 734 fueron vinculadas a proceso.
Manifestó que se lograron 272 sentencias condenatorias en las cuales se obtuvieron sentencias ejemplares: por desaparición forzada hasta de 60 años, para feminicidas de 40 a 94 años y para secuestradores de hasta 120 años.
Al respecto, afirmó que se ha logrado una disminución en la incidencia delictiva, “por ejemplo en los delitos de homicidio doloso en un 14%, secuestro en un 57%, feminicidio en un 9%, robo de vehículo automotor en un 10%, robo a transeúnte en espacio abierto al público 22% y robo de ganado en un 5%”.
Puntualizó que se ejecutaron más de 2 mil 500 mandamientos judiciales, que se desglosan en 1,822 personas detenidas por orden aprehensión, 217 personas detenidas por orden de reaprehensión y 477 personas presentadas ante el juez a comparecer en calidad de libres. Además, fueron puestas a disposición más de mil 900 personas detenidas en flagrancia. destacando que, en el periodo que se informa, se incrementó el cumplimiento de mandamientos judiciales en un 25% y las flagrancias en más de un 163%, lo que se reconoce en las evaluaciones hechas a todas las fiscalías o procuradurías del país.
La Fiscala indicó que en el 2021 se iniciaron 149 carpetas con motivo de muertes violentas de mujeres; acreditándose en 69 casos el delito de feminicidio; dentro de las cuales se logró la judicialización de 55, así como la detención de 58 probables feminicidas, y se obtuvieron 12 sentencias condenatorias con penas muy importantes, como lo resalte anteriormente, entre 40 y 94 años de prisión.
Con relación al programa alerta Amber Veracruz, se activaron 266 cédulas, lográndose la localización en 211 casos, la efectividad fue del 79.32%.
En materia del delito de trata de personas, se implementó un registro digital para la identificación de datos sobre las circunstancias que rodean la comisión del delito y con ello mejorar los procesos de investigación. En este rubro se iniciaron 6 carpetas de investigación y se logró una sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión.
Para la atención de la comunidad LGBTQ+, se concretaron reuniones con sus integrantes y nuestras áreas operativas, dando el debido seguimiento; se dieron capacitaciones para disminuir la discriminación por motivo de género e identidad sexual y se publicó y difundió en la página oficial y redes sociales información alusiva.
Comentó que se aplica el protocolo nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, mismo que fuera emitido por la conferencia nacional de procuración de justicia.
DESAPARECIDOS
En materia de desaparición de personas, Hernández Giadáns señaló que se iniciaron más de mil 400 carpetas de investigación por desaparición de personas en las distintas regiones del estado; de las cuales se determinaron 883.
Aseguró que de mil 544 personas reportadas como desaparecidas se localizaron mil 005.
Además, dijo, se efectuaron 58 reuniones presenciales y virtuales con diferentes Colectivos de familias de personas desaparecidas y se realizaron revisiones de carpetas, dando atención a las familias y a los colectivos.
Recordó que se creó la Unidad de Análisis y Contexto, cuya adscripción y atribuciones, dependerán de la unidad de análisis de la información, para atender exclusivamente delitos de feminicidio y de desaparición forzada y cometida por particulares.
Además, comentó, se continua con los trabajos de recuperación de restos humanos en las fosas clandestinas de Arbolillo, Campo Grande en Ixtaczoquitlán y en La Guapota en el municipio de Úrsulo Galván, así como en diversos municipios del estado. sumado a los temas de identificación se está trabajando de manera coordinada con Guardia Nacional los análisis de los individuos recuperados en Colinas de Santa Fe.
“Sensibles a las necesidades de las víctimas y atendiendo al profundo dolor que causa este flagelo, hemos fortalecido a la fiscalía especializada con recurso humano y materiales, se han dignificado las oficinas de Veracruz y Poza Rica. así mismo, se concluyó el proceso de certificación del personal especializado en búsqueda de personas”, argumentó.
La Fiscala comentó que fueron ingresados en los Semefos de todo el estado un total de 4 mil 536 cuerpos, de los cuales 4 mil 082 fueron entregados después de un proceso de reconocimiento o identificación y 454 se encuentran a resguardo como no identificados o identificados no reclamados.
Durante este periodo se han dado 202 atenciones a distintos colectivos en la dirección, así como en las diversas jefaturas regionales y delegacionales de servicios periciales, además de 4 mil 370 informes de colaboración para identificación a diversas fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República.
SECUESTRO
Afirmó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró la disminución de este delito en un 57% en comparación con el año 2020, y en un 82%, comparado con el año 2019.
Se reporta la detención de 205 presuntos secuestradores, y fueron desarticuladas 26 bandas que operaban en el estado. Se iniciaron 52 carpetas de investigación correspondientes a 68 víctimas directas.
Fueron solicitadas a diferentes Jueces de Control 38 órdenes de aprehensión, ejecutadas en contra de 83 personas. Se lograron 70 sentencias condenatorias en contra de responsables de la comisión de este delito, que como ya lo señalé alcanzaron los 120 años de prisión.
ACCIONES PARA EL PERSONAL
Aseveró que se continuó con la homologación salarial y nivelación de puestos, de 231 servidores públicos, con una inversión de 1.9 millones de pesos, beneficiando a más de 230 mujeres y hombres, entre administrativos, fiscales, auxiliares de fiscal, policías y peritos.
Además, se regularizó la situación laboral de 56 servidores públicos cuya antigüedad y desempeño, merecía reconocimiento y estabilidad laboral.
Se atendieron 60 solicitudes para el pago del seguro de retiro y seguro institucional, cubriendo pagos por más de 10 millones de pesos.
Aplicando las acciones de austeridad se realizaron 645 movimientos de personal, correspondientes a altas y bajas de peritos, fiscales, policías ministeriales y personal administrativo.
En coordinación con la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM), se realizó la selección, evaluación y contratación de 47 personas especializadas en perspectiva de género, las cuales fortalecerán el trabajo de la Fiscalía Especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas, Fiscalía coordinadora especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas, y la Fiscalía de asuntos indígenas y derechos humanos.
A 22 elementos de la policía ministerial, se les promovió para obtener su formación de nivel preparatoria; y 66 elementos acreditaron el examen de Ceneval para obtener el título de técnico superior universitario en policía de investigación.
En la presente administración, 671 elementos operativos de la policía ministerial, de un total de 716, obtuvieron el certificado único policial lo que representa un 93%.
CONTRALORÍA INTERNA Y DE LA VISITADURÍA GENERAL
En torno a dicha área, la Fiscala se radicaron 131 expedientes de responsabilidad administrativa logrando sancionar a 17 servidores y exservidores públicos que van desde amonestaciones, inhabilitación y suspensiones.
Se resolvieron 30 procedimientos administrativos de responsabilidad relativos a 42 servidores públicos sancionados con apercibimiento, amonestación, suspensiones sin goce de sueldo y separación del cargo.
El órgano de inspección, supervisión y evaluación, encargado de vigilar las funciones sustantivas, realizó 417 visitas donde se revisaron más de 95 mil carpetas de investigación logrando con ello el abatimiento del rezago en solicitudes de dictámenes periciales y actos de investigación de la policía ministerial.
En las sesiones de la comisión de honor y justicia fueron instaurados 48 procedimientos a elementos de la policía ministerial.
