El Congreso del Estado concedió la dispensa de Ley que solicitó la magistrada Isabel Inés Romero Cruz para permanecer en el cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura hasta el 30 de noviembre de 2022, fecha en la que concluye su encargo que le fue conferido el 23 de octubre de 2020.
En sesión extraordinaria se presentó el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política únicamente con la rúbrica del coordinador de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, y sin la firma de los coordinadores de las bancadas del PRI, Anilú Ingram Vallines, y del PAN, Othón Hernández Candanedo.
En la exposición de motivos se indicó que la resolución se determinó considerando la situación económica por la que atraviesa el Poder Judicial, ya que en caso de aplicar el retiro forzoso a la actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura debía nombrar a un nuevo presidente o presidenta, lo cual generaría múltiples decisiones que podrían afectar la aplicación de recursos.
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Se determinó que se requiere tener certeza y estabilidad al interior del Poder Judicial, sobre todo en las acciones que se realicen desde la presidencia.
“Estimamos necesario que exista certeza y estabilidad en las políticas administrativas impulsadas por la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a la que dicha servidora pública ha dado seguimiento en el ejercicio de su función y que no se vean afectados con dilaciones los procedimiento en curso, ni que existan problemáticas que puedan suscitarse con motivo de una nueva elección de presidenta o presidente”, expuso.
Asimismo, se señaló que sería riesgoso que dentro de un periodo constitucional de tres años fueran nombrados tres presidentes o presidentas de dicho poder. Ello, debido a que el actual periodo de presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura inició en diciembre de 2019.
Al inicio de dicho periodo se nombró a la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue destituida el 23 de octubre de 2020, fecha en que fue nombrada la actual magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz.
“Sería riesgoso que en el periodo establecido de diciembre de 2019 a noviembre de 2022 la persona que ocupa la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura traería aparejado un proceso natural de modificaciones en la estructura y políticas administrativas del Poder Judicial en un contexto en el que este enfrenta, como es del conocimiento público y de este Poder Legislativo, diversas problemáticas de orden presupuestal, entre ellas, las motivadas por obligaciones financieras contraídas con antelación como son los contratos con asociaciones público privados para la construcción y mantenimiento de las ciudades judiciales”, se expuso.
En la determinación se refirió que de nombrarse un nuevo presidente o presidenta únicamente tendría la posibilidad de desempeñar el cargo por un breve periodo inserto en un ejercicio fiscal ya iniciado y sobre el que habrá de rendirse cuentas dentro del proceso de fiscalización correspondiente.
“Dicho supuesto actualiza el supuesto de causa justificada para otorgar la dispensa de ley solicitada por la magistrada en términos de lo dispuesto en el artículo 33, fracción 36 de la Constitución Política del Estado. Esto sólo hasta que concluya el periodo para el que fue elegida por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2022. En esta fecha cesará su nombramiento como magistrada al actualizarse la causal de retiro forzoso prevista en el artículo 59 constitucional local”, se argumentó.
