El próximo jueves se realizará a las 17:00 horas la sesión extraordinaria privada en la que se realizará la votación de los dos dictámenes de juicio político contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz.

En la primera sesión ordinaria de la Diputación Permanente se aprobó llevar a cabo la votación de los dos dictámenes, ante la cual el fiscal contará con 30 minutos para presentar su defensa.

Tras la presentación de los motivos y causas que Winckler Ortiz usará para defenderse, los legisladores podrán emitir la votación de los dictámenes, la cual puede ser a favor o en contra.

Pese a que la votación sea a favor, es decir que los dos dictámenes se consideren procedentes por las dos terceras partes de los legisladores, el fiscal no podrá ser removido del cargo, pues se necesita la aprobación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien fungirá como juez de los casos.

Si en la sesión del próximo jueves ambos dictámenes de juicio político obtienen la votación de procedencia, éstos deberán presentarse ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde serán analizados por los magistrados que la integran.

Los dos dictámenes de juicio político corresponden a las solicitudes presentadas por el abogado Jorge Reyes Peralta, en defensa del extitular de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y del abogado Arturo Nicolás Baltazar, en representación de Francisco Zárate Aviña, excolaborador del extitular de la Fiscalía Luis Ángel "N".

Sin embargo, al considerarse procedentes deberá ser la Comisión Instructora del Congreso local quien se presente como acusadora ante la Sala Constitucional, por lo que los diputados que la integran Rubén Ríos Uribe, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, deberán ser quienes entreguen las pruebas ante los magistrados para poder refrendar la presunta culpabilidad de Winckler Ortiz respecto a los delitos de desaparición forzada y tortura.

En la Sala Constitucional ambas partes, la Comisión Instructora y el fiscal general podrán presentar sus pruebas en calidad de acusador y defensa, a fin de que los magistrados que integran la misma tomen la decisión de aprobar o rechazar los dictámenes.

La resolución que los magistrados de la Sala Constitucional tome deberá ser votada en el pleno del Poder Judicial, donde se necesitan las dos terceras partes para su aprobación. Si esta se aprueba, será entonces cuando el Fiscal pueda ser removido e incluso inhabilitado de la función pública por un período de diez años.