Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 10 de diciembre pasado la recomendación 80/2020 dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y a la fiscal general del estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns en torno a la desaparición de una abogada y dos abogados en las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Policía Federal ubicadas en Xalapa.
De acuerdo a lo señalado por los familiares de los litigantes, la última vez que se tuvo noticias de su paradero fue el 1 de febrero de 2016 cuando acudieron a las instalaciones de la dependencia federal para llevar a cabo la defensa de un detenido.
Ante la falta de investigación en el caso, los familiares del dos hombres, de 29 y 38 años de edad y una mujer de 31 años presentaron una queja en la CNDH por considerar que existe desaparición forzada por parte de la Policía Federal.
En contraste, la CNDH recomendó a ambas Fiscalías que se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, que incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas. Asimismo, que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales e instruyan respectivamente, a la Visitaduría General de la Fiscalía, realicen una revisión de las indagatorias para que presenten un plan de fortalecimiento de la investigación que tenga como objetivo la localización de las personas.
También deberán colaborar con sus Visitadurías Generales, en el seguimiento de la queja administrativa que la comisión presentará, en contra de las personas servidoras públicas señaladas y que diseñen e impartan en el término de tres meses, un curso integral dirigido a agentes del Ministerio Público, con capacitación y formación en derechos humanos, específicamente en materia de desaparición de personas.
Por su parte, recomendó a Verónica Hernández Giadáns, fiscal general del Estado que instruya y se investigue a quien le corresponde la responsabilidad administrativa por la dilación en la entrega de los dictámenes periciales e informes de investigación requeridos por el Agente del Ministerio Público para la integración de los expedientes penales, y en su caso, se inicie el procedimiento sancionador correspondiente, y envíe a la Comisión Nacional, las constancias de su cumplimiento.