La Diputación Permanente del Congreso local tomó protesta a Margarita Montalvo Acahua y Valentina Temoxtle Flores como alcaldesa y regidora única de Mixtla en Altamirano, respectivamente, con lo que quedaron restituidos los poderes en dicho ayuntamiento y quienes dijeron que se "limpió su nombre".
Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia 267/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó restituir al Cabildo, luego de que el 9 de julio de 2019 se determinó la desaparición de poderes, tras el asesinato de la exalcaldesa, Maricela Vallejo Orea.
La sentencia de la Suprema Corte determinó la restitución del Cabildo, incluido el exsíndico Ricardo “N”, vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea. Sin embargo, en este caso se debe esperar la resolución de las autoridades judiciales.
En tanto, su lugar será ocupado por el suplente, Isauro Cuahua Tetlactle, a quien el Cabildo le tomará protesta.
Dicho Cabildo únicamente estará en funciones por tres meses, plazo que falta para concluir la actual administración municipal.
El 9 de julio del 2019 por mayoría calificada el pleno del Congreso local aprobó la suspensión provisional de poderes del ayuntamiento, por lo que se nombró un Concejo Municipal.
También en julio de ese año, ante la presencia del representante del gobierno estatal, Luis Arturo Santiago Martínez, y del delegado de Política Regional en Zongolica, Armando Xicoténcatl, inició la intervención a la Tesorería municipal por parte del Congreso del Estado.
Un mes después, el 20 de agosto, el exsíndico, Ricardo "N", fue detenido en el estado de Puebla, luego de ser identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto autor intelectual de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer.
En noviembre del 2020, la SCJN declaró ilegal la desaparición de poderes y ordenó restituir tal como se encontraba con anterioridad
La Primera Sala declaró fundada la controversia constitucional que fue promovida por los integrantes del Cabildo en contra de la decisión de desaparecer provisionalmente los poderes de ese ayuntamiento, intervenir la hacienda pública y nombrar un Consejo Municipal, bajo el argumento de que había ingobernabilidad por hechos de violencia.
La resolución de la Suprema Corte indicó que se debía restituir a los integrantes del ayuntamiento, pues de lo contrario se consideraría que el Congreso local actuó de manera ilegal y tomó “una decisión que resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”.
El 24 de abril de 2019 la entonces alcaldesa Maricela Vallejo Orea, fue asesinada.
Tras ello, en junio, Hipólito Rodríguez Tlehuactle, director del DIF municipal; Erasmo Choncoa Hernández, auxiliar de Fomento Agropecuario, e Isauro Cuahua Tetlactle, tesorero, solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, argumentando ingobernabilidad, violencia y uso indebido de los recursos.
La solicitud fue enviada a la Comisión Instructora y como parte del proceso el 28 de junio, la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua; el síndico, Ricardo Pérez Marcos, y la regidora, Valentina Temoxtle Juárez, se presentaron a comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos con la que se determinó que había pruebas suficientes para dictaminar la desaparición de poderes del ayuntamiento.
CON ESTE ACTO SE LIMPIA NUESTRO NOMBRE
Tras haber sido restituidas en el cargo, Margarita Montalvo Acahua y Valentina Temoxtle Flores, aseguraron que con ello su nombre fue limpiado, pues mientras estuvieron separadas del cargo recibieron múltiples críticas y señalamientos de los pobladores.
Consideraron que, aunque sea por tres meses, trabajarán para lograr defender la imagen que les fue causada por el proceso legal que se desarrolló desde el fallecimiento de la exalcaldesa.
Temoxtle Flores manifestó que en su caso fue ampliamente señalada por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, acto que no cometió.
“Sí me siento contenta de que hayan acatado la sentencia de la Suprema Corte, no tanto porque uno ansíe regresar al poder, sino para limpiar nuestro nombre, yo soy ama de casa, tengo tres hijos
Refirió que previo a ser parte del Cabildo trabajaba para colaborar con el sustento de su hogar, pero con la situación generada no lograba obtener una oportunidad laboral.
“Nos decían: oye de verdad se robaron el dinero o ustedes fueron parte de estos actos de corrupción, era una situación lamentable porque pensaba en el legado que iba a dejarle a mis hijos, que el día de mañana fueran a la escuela y les dijeran que yo era regidora y fui parte de actos de corrupción”, expuso.
Destacó que vive a una hora de distancia de la cabecera municipal, por lo que debía trasladarse cada día para llegar a laborar, “nunca falté a trabajar como se dijo, tal vez actuaron de forma indebida al quitarnos a todos en el ayuntamiento, quizá debieron realizar otro protocolo y no esto que pasó”.
“A la alcaldesa le tocó estar en el cargo como veinte días y la quitaron, a mí me tocó más de un año y cuando menos me pude empapar del tema, lo primero era tomar protesta para no incurrir en un desacato, nos tocó hacer el cierre y el proceso de entrega-recepción, pero para eso vamos a entrar con un despacho para analizar si no hay inconsistencias que nos perjudiquen a nosotras, la idea es revisar para evitar que el día de mañana el Orfis nos esté requiriendo en algo que no ejercimos porque sólo nos toca cerrar y entregar”, expresó.
SE TENDRÁ ASESORÍA LEGAL PARA ENTREGA-RECEPCIÓN
El abogado representante de las ediles ante la Suprema Corte, Sergio Adrián Jasso, dio a conocer que se contratará un despacho jurídico para revisar los trabajos que llevó a cabo el Consejo Municipal.
Recordó que el Cabildo únicamente estará en funciones tres meses, por lo que únicamente se desarrollarán trabajos de revisión y aquellos relacionados con el proceso de entrega-recepción.
“Ahorita llegando ellas contratarán un despacho jurídico particular para que haga una auditoría y obviamente de como salgan los resultados se tomarán las decisiones correspondientes”, dijo.
Consideró que el Congreso local incurrió en una dilación, pues se pudo haber llamado a las ediles desde que la Suprema Corte determinó la restitución de poderes.
Sin embargo, descartó que las ediles vayan a proceder de manera legal en contra del Legislativo.
“Ellas lo que quieren es limpiar su nombre, con este proceso queda claro que no tuvieron nada que ver en los actos que se les señalaba, no hay intención de actuar legalmente”, comentó.
